La España del interior, la vaciada, padece hoy en día el problema coyuntural de la pandemia del coronavirus y el estructural de la despoblación, que condena a muerte a demasiados pueblos queridos.
La pandemia ha irrumpido con dureza en nuestras vidas desde hace un año, y a la crisis sanitaria se suma otra económica, con especial ensañamiento en el sector servicios. La reconstrucción de nuestro país parece difícil, pero no es imposible, y no se puede ni debe dejar de lado en su planteamiento el vital problema de su despoblación. Es una epidemia tan mortífera como la del coronavirus para demasiadas gentes y comarcas.
Con los problemas sanitarios y las restricciones correspondientes, algunos han pensado en el teletrabajo desde residencias rurales, en un entorno más seguro y acogedor. La digitalización no es hoy en día un capricho, precisamente, y menos en nuestro entorno rural.
Las perspectivas a medio plazo no son optimistas, y aprovechar cualquier oportunidad es de un valor considerable, pues no se pueden perder trenes gratuitamente. El anteproyecto de la Ley de Medidas Económicas y Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha es una magnífica noticia, por razones muy claras.
La voluntad del Pacto contra la Despoblación de Brihuega, en el que tomaron parte grupos de animación rural y entidades de la Federación de Municipios, se traduce en una iniciativa legal.
Se asigna a la misma una dotación de seiscientos millones de euros, y se establece el plazo de aplicación de una década, lo suficientemente amplio como flexible. Las expectativas para 2050, antes del estallido de la actual pandemia, eran francamente negativas, y lo que se haga en la década que acabamos de iniciar es trascendental.
Adquieren valor de ley, algo muy importante, expresiones como impacto demográfico y estancia efectiva. En otras palabras, se ha pasado del análisis de denuncia de la situación a trazar los remedios.
Tales nociones pueden flotar en el aire de las buenas intenciones si no van acompañadas de medidas concretas, tangibles, que entienda el común de la ciudadanía. Se postulan, dentro de las competencias de Castilla-La Mancha, desgravaciones en el IRPF autonómico e impuestos cedidos. Las personas con estancia efectiva tendrán una rebaja del 25% del autonómico, y del 10% para la construcción y la rehabilitación, algo muy importante con un patrimonio monumental como el de las localidades de la región. Las empresas que apuesten por combatir el problema podrán tener un 40% de ayudas adicionales. Se plantea que los habitantes de un pueblo escasamente poblado se encuentren exentos del IRPF autonómico.
Los incentivos fiscales deben de impulsar la actividad económica con el objetivo de lograr una sociedad más cohesionada, atenta a los vitales servicios educativos y sanitarios, pues el Estado del Bienestar es esencial para combatir la despoblación.
El 17 de noviembre de 2019, como conclusión del IX Congreso de Historia Comarcal, se aprobó el Manifiesto de Jaraguas, que también postulaba remedios fiscales y de atención ciudadana para lograr una sociedad mejor. Fue aceptado como moción en ayuntamientos como el de Requena a partir de diciembre de aquel año, y tomado como referencia de actuación por las alcaldías de la comarca en la Cumbre de Venta del Moro del 21 de febrero de 2020. En los días que vinieron, que todos recordamos, el coronavirus se llevó por delante nuestra cotidianeidad de entonces, con sus proyectos e iniciativas más inmediatas.
Sin embargo, iniciativas como las de nuestros hermanos de Castilla-La Mancha, tan cercana a nosotros, no nos deben de hacer olvidar lo acertado de nuestra vía y su idoneidad.
Enlace del texto del Manifiesto de Jaraguas.
