El régimen local durante la República y el reforzamiento del gobernador civil.
El control de los ayuntamientos ha sido un objetivo de todo gobierno de la nación desde la creación del sistema liberal en 1812. Muchas fueron las polémicas que cada cambio de régimen político suscitó en la España de los siglos XIX y XX. Durante el período republicano, de 1931 a 1939, el ámbito local y el control de los ayuntamientos centraron las principales diatribas políticas. Tales fueron los conflictos en torno a los poderes locales que, tras las elecciones municipales de abril de 1931, tan solo se produjeron unas nuevas elecciones municipales en abril de 1933, pero ni siquiera fueron totales.
Controlar los ayuntamientos ha sido y sigue siendo fundamental por su capacidad de actuación sobre la vida diaria de los ciudadanos, dado que contar con su apoyo significa poder influir en otras instancias superiores, además de controlar recursos fundamentales a la hora de medrar política, social y económicamente. Desde los ayuntamientos republicanos se intentó controlar la aplicación de la nueva legislación social y laboral (obras públicas y bolsas de obreros, principalmente), en un momento de fuerte crisis laboral y, además, fue una plataforma fundamental desde la cual conseguir apoyos en dirección a la consecución de otras estructuras estatales de poder y desde la que se intentó acabar con un caciquismo opuesto a toda reforma administrativa[1]. No obstante, el temor al poderío caciquil hizo que la democracia legal que se pretendió instaurar en 1931 no se aplicase en la administración local, de modo que la reforma administrativa, que había quedado sin resolver en la dictadura primorriverista, tampoco se resolvió en la República.
El Gobierno Provisional de la República estableció, el 16 de junio de 1931, que los municipios estuvieran regulados por una combinación de la legislación de la Restauración y de la Dictadura de Primo de Rivera[2]. En cuanto a la ley electoral vigente, seguía siendo la de 1907, pero, por los decretos de 21 de abril y 2 de mayo de 1931, el gobernador civil adquirió la facultad de nombrar a los concejales que debían integrar las comisiones gestoras, eligiéndolos de entre las propuestas de partidos y sindicatos. Con ello se reforzó la figura política del gobernador y el papel centralizador del Gobierno. Cuando, por las razones que fuese, un concejal o consejero cesaba, debía ser sustituido, en el escaño de su distrito, por otro del mismo partido político, pero en ocasiones el gobernador nombró a concejales de diferente filiación política, lo que generó fricciones y conflictos. La Ley de bases republicana se publicó el 10 de julio de 1935; no obstante, no aportó nada nuevo sobre la autonomía municipal respecto a los textos anteriores: el Estatuto Municipal de 1924 y la reforma de Maura de 1904[3].
El bienio radical-cedista. La Gestora de 15 de diciembre de 1934.
Las corporaciones locales debían renovarse de manera parcial cada dos años, pero desde 1931 prácticamente no sufrieron cambio alguno hasta 1933. En septiembre de este año tuvo lugar la segunda dimisión de Azaña, en noviembre hubo elecciones en las que obtuvo la victoria el republicanismo antisocialista, con el triunfo neto de las fuerzas de la derecha que dio lugar al bienio radical-cedista hasta el 15 de diciembre de 1935, fecha en la que se disolvieron las segundas Cortes de la República.
A nivel nacional, se caracterizó por la inestabilidad política del Gobierno de Madrid, que, junto al radicalismo insolidario de las izquierdas, dificultó cualquier logro positivo. La derecha rechazó, de modo más o menos patente, a la República y la izquierda obrera española —PSOE—, entre la derrota electoral de 1933 y el ascenso del fascismo en Europa, consideró liquidada la etapa de colaboración con la democracia burguesa y llegado el momento de la revolución social. En la provincia de Valencia, las elecciones municipales del 23 de marzo de 1933 y las generales de noviembre de ese mismo año demostraron la debilidad política del socialismo valenciano y su discreta presencia en muchas comarcas, aunque en otras, como la de Requena-Utiel, la presencia socialista fue elevada, pero en general no mantuvieron acciones violentas ni comprometidas[4].
La llamada revolución de octubre de 1934 fue el problema más grave al que tuvo que hacer frente el Gobierno de la Nación, vino a patentizar que no había un mínimo consenso en cuanto al régimen político republicano, ni la derecha quería la República ni la izquierda aceptaba a la derecha en su seno[5].Las elecciones de febrero de 1936 pusieron de manifiesto el equilibrio de fuerzas entre los dos bloques antagónicos en que España se había dividido.
En 1934, la huelga general campesina y la revolución de octubre fueron duramente reprimidas. Tras estos sucesos, el gobierno radical-cedista aprovechó la ocasión para destituir masivamente a alcaldes y concejales socialistas y republicanos de izquierdas y sustituirlos por personal afín[6]. Se produjo una oleada de renovaciones de gestoras locales afines al Gobierno de turno. Las autoridades locales enviaron mensajes de adhesión a la República, felicitando al Gobierno por la acertada actuación al reprimir con firmeza el movimiento revolucionario de aquellos días. Por su parte, el Gobierno fiscalizó las actuaciones políticas de las gestoras provinciales y municipales, durante aquellos señalados días y los gobernadores civiles pidieron información a diputaciones y ayuntamientos sobre si se había observado alguna deficiencia en la actuación de la respectiva comisión gestora[7]. En muchos ayuntamientos hubo una serie de destituciones en cadena de concejales, «por haber incurrido en causa grave de carácter político, habiendo dejado de prestar a las autoridades la obligada asistencia y cooperación con motivo de los hechos de la huelga revolucionaria…»[8]. El control del movimiento revolucionario, en el otoño de 1934, llegó hasta los funcionarios.
A 3 de diciembre de 1934, el gobernador civil de Valencia expresó su malestar con el alcalde de Requena y parte de los concejales por no haberlo asistido con decisión durante la huelga revolucionaria de octubre y el 15 del mismo mes promovió la formación de un nuevo ayuntamiento presidido por José Berzal[9]. La Comisión Gestora de Requena quedó constituida por el presidente citado y los concejales Marcos Armero Sánchez, Juan García Hernández, Francisco Roda Gadea, Saturnino Sánchez Solano, Nicanor Armero, Eugenio Cabanes Mata, José Cobo Monsalve, Juan Collado, Juan Gil-Orozco, Emilio Pérez, Leopoldo Pérez Laguna, Plácido Guerrero Parra, Antonio Pérez Montés, Enrique Gómez y José Pérez Limorte[10]. Permaneció prácticamente sin cambios hasta febrero de 1936.
La Comisión Gestora del Frente Popular: 27 de febrero 1936.
El decreto del 8 de enero de 1936 disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para diputados. Para la izquierda, solo la unidad republicano-socialista podía contener a la derecha y recuperar la República de 1931. El 15 de enero de 1936 se formó el Frente Popular: una amplia coalición de partidos desde la izquierda republicana hasta los comunistas. Las elecciones generales del 19 de febrero de 1936 dieron una mayoría parlamentaria a la coalición de izquierdas, pero no tradujo la realidad que hubo tras un treinta y cuatro por cien de los votos para el Frente Popular y un treinta y tres para la derecha[11]. En realidad, las elecciones patentizaron el equilibrio de fuerzas entre los dos bloques antagónicos en que España se había dividido y el resultado tradujo lo muy difícil que lo tenía el Frente Popular para reconducir y estabilizar el proceso político; de hecho, el triunfo electoral fue el inicio del movimiento revolucionario.
Tras las elecciones de febrero de 1936, los ayuntamientos fueron destituidos y se procedió a formar una comisión gestora en cada municipio con un alcalde-presidente al frente de cada una y unos consejeros nombrados por el gobernador civil de la provincia a propuesta de partidos políticos y sindicatos.
El 20 de febrero de 1936 había convocada una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Requena, pero no se presentaron ni el alcalde-presidente ni ningún concejal, ni en primera ni en segunda convocatoria. No era inusual que no se presentase ningún concejal en primera convocatoria y que la sesión tuviese lugar en segunda convocatoria, pero sí que la convocatoria no llegara a celebrarse. No obstante, el ambiente de las terceras elecciones generales, que fueron las últimas de la República, justificó la ausencia general a aquella convocatoria.
El 27 de febrero de 1936, por decreto del gobernador civil, se destituyó el Ayuntamiento y quedó formada una Comisión Gestora integrada por nuevos gestores: Pedro Fernández Cárcel, como presidente; José García Tomás, como vicepresidente primero; Jacinto Pardo Vives, como vicepresidente segundo; y Francisco Pérez Jiménez, como síndico; más los consejeros José Cebrián Alcocer, Paulino Fernández Pérez, Juan Martos Cebrián, Julián Fernández García-Ibáñez y Eloy Gómez Ochando. En la misma sesión se formaron las comisiones informativas del Ayuntamiento[12], se inició el proceso de depuración de funcionarios y fueron aceptadas las dimisiones del personal municipal, tras las cuales se realizaron nuevos nombramientos.
La Gestora de febrero de 1936 pronto experimentó cambios en su composición, pues el 2 junio el gobernador dejó sin efecto el nombramiento de los gestores Paulino Fernández Pérez y Julián Fernández García-Ibáñez y designó para sustituirles a Francisco Pérez Fernández y Julio Gimilio Diana. Tras el reajuste, se eligieron cargos, quedando José García Tomás como alcalde-presidente y Francisco Pérez Jiménez como primer teniente de alcalde[13].
La violencia anticlerical.
Del 17 de febrero al 16 de junio de l936 se desató en España una intensa oleada de violencia anticlerical, especialmente virulenta en las provincias de Málaga, Granada, Murcia, Alicante y Valencia. En el surgimiento de la República no hubo enfrentamiento con la Iglesia Católica, lo que querían las masas populares era reivindicaciones sociales, el resurgimiento del anticlericalismo fue obra de grupos intelectuales que comenzaron identificando al clero y a los religiosos con las clases dominantes[14]. Después, mediante la prensa, se pasó a la identificación de fascismo y catolicismo[15] y a la animadversión. El periódico madrileño Crisol, Diario de la República destacaba el inestimable servicio prestado a la República con la quema de conventos[16]. Hay que tener en cuenta que lo que pretendió el movimiento revolucionario fue una nueva sociedad, aunque fuese sobre las cenizas de la anterior, de ahí que la religión y sus representantes fueran el obstáculo fundamental para la nueva sociedad[17].
Así se entienden las actuaciones locales, como las que sucedieron en Requena el 22 de febrero de 1936, cuando tomó posesión la Comisión Gestora surgida del Frente Popular, y el gestor y vicepresidente primero, Jacinto Pardo Vives, una vez hubo tomado posesión, hizo uso de la palabra para hacer constar que era «deseo de sus electores y de él que los frailes y monjas desaparezcan de esta Ciudad y el cambio inmediato de la empleomanía municipal»[18]. El 17 de marzo el Consistorio requenense, considerando el espíritu laico de la República y la obligación de prevenir que imponía la ley para evitar la alteración del orden público, prohibió toda manifestación religiosa en la calle[19]. El 23 del mismo mes se asaltaron los edificios religiosos de Requena, quemándose el mobiliario y sustrayéndose objetos de culto del convento de las agustinas.
Sustitución del poder local en la provincia de Valencia.
Siguiendo a Valero Gómez, en la primavera de 1936 casi tres cuartas partes de las localidades de la provincia de Valencia se vieron afectadas por el proceso de sustitución del poder local. Aunque no de manera uniforme, en unas comarcas afectó a casi la totalidad de los municipios, en otras, la incidencia fue superior a esta media y seis de las comarcas valencianas quedaron por debajo de la media provincial, una de ellas fue el caso de la comarca Requena-Utiel. En las comisiones gestoras nombradas, en un principio, convivieron concejales electos y concejales nombrados gubernativamente, pero, al llegar el mes de junio, el gobernador civil, al igual que había hecho con Valencia capital, nombró comisiones gestoras formadas por miembros de las fuerzas políticas integradas en el Frente Popular en aquellos municipios de la provincia cuyos resultados electorales de febrero de 1936 no les habían devenido favorables. De ciento noventa y tres gestoras municipales constituidas, casi en su totalidad lo fueron únicamente por miembros de los partidos del Frente Popular, a pesar de que en muchos municipios la victoria de la derecha católica había sido clara e, incluso, en muchas ocasiones, aplastante. El proceso de constitución de gestoras tuvo un claro sesgo de control de las poblaciones de la provincia, más que de respeto al voto popular. No fue ese el caso de la comarca de Requena-Utiel donde triunfó el Frente Popular con cuatro gestoras[20].
El nuevo poder local de la provincia se movió en torno a dos nuevos ejes políticos: el republicanismo de izquierdas, representado por Izquierda Republicana, y el socialismo, encarnado por el PSOE. Como señala S. Valero, entre ambas formaciones reunieron casi la mitad de los gestores nombrados (45,7 %). Izquierda Republicana se convirtió en la fuerza política dominante de la provincia de Valencia[21]. En la comarca Requena-Utiel, del total de veinticinco consejeros de las gestoras constituidas, Izquierda Republicana obtuvo ocho consiliarios, PSOE consiguió siete, Unión Republicana sacó, sin filiación política conocida, ocho. En la práctica totalidad de las comarcas, la formación azañista se convirtió en la principal suministradora de elementos para las gestoras. En este cambio del poder provincial se comprueba que en la formación de las gestoras en localidades con integrantes del Frente Popular se respetaron las fuerzas representadas, aunque, después, en muchas de ellas, la gestora fuese monopolizada por IR. En algunos casos, como Requena, IR ejerció en solitario las labores de gobierno del ayuntamiento[22].
La desarticulación del poder local tras el 18 de julio de 1936.
La sublevación de parte del Ejército, entre el 17 y el 18 de julio de 1936, desencadenó «un proceso revolucionario de la clase trabajadora que, bajo la dirección de los partidos obreros y los sindicatos, rompió la estructura misma del estado republicano»[23]con consecuencias significativas para todos los ámbitos de la retaguardia republicana, empezando por las instancias relacionadas con el poder estatal, fuerzas de seguridad, justicia, etc. La resistencia militar y la vigilancia de la retaguardia en la zona republicana recayeron sobre las milicias de las formaciones obreristas. Durante el verano de 1936, la justicia formal cayó y le siguió una ola de violencia, caracterizada por las sacas y los paseos de todo aquel sospechoso de ser contrario a la «nueva sociedad» que acababa de nacer. Sectores especialmente afectados fueron la Iglesia y sus ministros, los terratenientes, los políticos de derechas, los militares y falangistas y derechistas en general. De los requenenses asesinados entre el 2 de agosto y el 17 de diciembre de 1936, cinco de ellos habían sido concejales cedistas[24], junto a otras veinticinco personas de Requena y unas dieciocho no residentes.
El proceso también afectó significativamente a la administración local, donde las instituciones municipales fueron reemplazadas por comités político-sindicales revolucionarios y colectivizadores que, unas veces unidos y otras enfrentados, organizaron el poder en la retaguardia de forma autónoma[25]. Los ayuntamientos y comisiones gestoras existentes fueron sustituidos o desplazados por comités locales, con miembros procedentes de las fuerzas integradas en el Frente Popular, a las que se añadieron los anarquistas de todas las tendencias. Algunos comités se atribuyeron funciones legislativas y ejecutivas, mantenimiento del orden y la regulación de los precios, más las tareas revolucionarias de socialización, sindicalización de las industrias, expropiación de todos los bienes, explotación colectiva de las tierras, etc.
La reconstrucción del estado republicano se realizó poco a poco. A nivel local, el ayuntamiento o consejo municipal se convirtió en el lugar donde todos los representantes de los partidos y sindicatos leales a la República tuvieron que gestionar todas las necesidades de las localidades en la retaguardia. Tras el golpe militar, algunas comisiones gestoras dejaron de funcionar como tales o tuvieron escasa actividad. Las decisiones se tomaban en otros lugares, cumpliendo estrictamente con lo necesario[26].
En Requena, el 1 de agosto de 1936, el primigenio Comité de Huelga ya se había erigido en el Ejecutivo del Frente Popular.
El Comité Ejecutivo Popular.
El Gobierno de Madrid intentó reconducir el nuevo poder del Comité de Huelga que había surgido en Valencia y había sustituido al del gobernador civil con una Junta Delegada del Gobierno para Levante que no fue bien recibida[27]. Los representantes gubernamentales, gobernador civil y gobernador militar, asistieron pasivos a la actividad de las formaciones políticas y sindicales, las fuerzas locales del Frente Popular que respondieron con la creación, el 22 de julio de 1936, del Comité Ejecutivo Popular de Valencia, integrado por las fuerzas políticas del Frente Popular más los sindicatos CNT y UGT[28], cuya razón de existir fue «coordinar la defensa de la República y dirigir, conducir y dar eficacia a la acción de los elementos populares»[29].
El CEP asentó el proceso revolucionario, amparó a los comités locales del Frente Popular que se fueron creando autónomamente durante el verano de 1936 como máxima autoridad provincial y puso en sus manos las instancias del poder municipal[30]. Estos comités fueron el verdadero poder en los pueblos con el apoyo de CNT y UGT[31]. Como expone S. Valero, en la provincia de Valencia se tienen noticias de la existencia de 231 comités locales (87,9 % de las localidades de la provincia). En la comarca de Requena-Utiel hubo un porcentaje de 88,9 %, las organizaciones sindicales experimentaron un fuerte aumento en cuanto a la presencia de representantes en las gestoras locales.
La UGT incrementó su representación, pero fue la CNT la que experimentó mayor crecimiento, pues pasó de una posición marginal a ser la principal formación con comisario, después del PSOE. «Presencia que explica, en buena medida, la deriva revolucionaria de la retaguardia valenciana, además de la importancia que para las formaciones revolucionarias tuvo el ámbito local y su control para poder llevar adelante sus proyectos sociopolíticos»[32]. El crecimiento de la CNT fue en detrimento de IR, que quedó con una representación en los comités inferior a la de los sindicatos (16,6 %).En la mayoría de las comarcas valencianas hubo predominio del PSOE, pero en dos de las comarcas de interior, una de ellas la de Requena-Utiel, obtuvo mayor representación el republicanismo de izquierdas[33], aunque, a mediados de octubre de 1936, la CNT de Requena controló la presidencia, tesorería y vocalía segunda y la UGT, su secretaría y vocalías primera y tercera, verificándose la alianza entre anarquistas y socialistas revolucionarios[34].
La depuración de funcionarios.
La primera sesión de la Comisión Gestora de Requena, tras el golpe del 18 de julio de 1936, tuvo lugar el 17 de agosto. Ese día el alcalde-presidente, José García Tomás, expresó la «condenación para el movimiento revolucionario que elementos sin conciencia han promovido, produciendo la ruina en nuestro país y la desolación en millares de hogares españoles». Y en ella también se acordó un nuevo proceso de depuración de personal municipal, pues se nombró una comisión de gestores, conformada por Francisco Pérez Fernández, José Cebrián y Pedro Fernández, para informar respecto a los funcionarios que no habían dimitido y seguían en sus cargos y por si hubiera alguno incluido en el decreto de la Presidencia del Gobierno de 21 de julio de 1936[35], que declaró cesantes a todos los funcionarios que hubieran participado en el movimiento subversivo o fuesen «notorios enemigos del régimen», medida que fue ampliada el 31 de julio, y todos los empleados municipales declarados cesantes fueron dados de baja en el escalafón.
El Comité Agrícola Local del Frente Popular.
El decreto del Ministro de Agricultura de 15 de septiembre de 1936 ordenó la obligatoriedad de constituir en cada localidad un organismo específicamente agrícola presidido por el alcalde[36]: el Comité Agrícola Local del Frente Popular. Los comités estuvieron compuestos por tres representantes por partido y sindicato afín a la República y con presencia de militantes de la localidad. Su misión fue la de velar por la conservación de la producción de aquellas tierras cuyos titulares había sido encarcelados o habían huido[37]. El 17 de septiembre de 1936 quedó constituido el Comité Agrícola Local del Frente Popular de Requena con el presidente de la Gestora, el secretario de la corporación y los gestores Juan Marzo, José Cebrián y Francisco Pérez Jiménez como vocales por parte del Ayuntamiento[38]. El 24 de septiembre de 1936, el Comité Ejecutivo Popular de la ciudad de Requena designaba vocal al camarada Julio Rodríguez Navarro para que formase parte del Comité Agrícola Local del Ministerio de Agricultura[39].
Comisión Gestora Municipal y de Defensa de los Intereses de Requena, 26 de noviembre de 1936.
El 25 de noviembre de 1936, a las 22:00 h., se reunieron bajo la presidencia de José García Tomás, los vocales designados por el gobernador para formar la Comisión Gestora Municipal y de Defensa de los Intereses de los Vecinos de Requena, los camaradas Andrés Ochando Real, Teófilo Alarcón Martínez, Modesto Giménez Armero, José Bastida Soriano, Jesús Armero Rodríguez (CNT), José Martínez García (CNT), Estanislao Cuevas Gil (UR), Antonio Fernández Gómez (CNT), Juan Marzo Cebrián, Rafael Alcaraz García (IR) y Miguel Argilés Navarro (IR). Al día siguiente, procedieron a la elección de alcalde-presidente, resultando elegido Andrés Ochando Real; teniente de alcalde primero, José García Tomás; segundo teniente de alcalde, Jesús Rodríguez; y Pedro Antonio Fernández Gómez como síndico[40].Después se formaron las comisiones informativas que habían sido reducidas a cuatro con once vocales[41]. El 3 de diciembre de 1936 se cambió el sello de la corporación que pasó a llevar la denominación de Consejo Municipal y de Defensa de Requena[42]. Unos meses después, a la altura de febrero de 1937, José García Tomás no acudía «a desempeñar su función de consejero teniente alcalde»[43], se consideró que había abandonado el cargo y, como era necesario que el Consejo contase con sus tenientes de alcalde, se nombró primer teniente de alcalde al consejero Estanislao Cuevas.
El 31 de mayo de 1937, el gobernador civil nombró nuevos consejeros, pero no se procedió a confirmar los nombramientos porque se recibió una denuncia anónima que el presidente Andrés Ochando consideró injuriosa y llena de falsedades, y se lo comunicó vía telefónica al gobernador civil quien le ordenó que fuese a verle a Valencia. De la reunión salió un delegado gubernativo que, tras girar inspección a Requena, informó que no se había podido constatar ninguna afirmación de las que se hacían en la denuncia, por el contrario, había podido comprobar la honorabilidad y honradez con la que había procedido el Consejo municipal[44]. El 9 de junio, el gobernador civil destituyó al presidente de la Comisión Gestora Municipal, so capa de haber retrasado premeditadamente toda inspección y designó nuevos consejeros.
El informe se leyó en la sesión de 9 de junio, en ella se invitó a los representantes de partidos políticos y organizaciones sindicales por si alguien quería hacerse solidario con la denuncia anónima. En la sesión tomaron posesión de sus cargos los consejeros Estanislao Iranzo Moya (UR), Rafael Alcaraz García (IR), Juan Marzo Cebrián, Luis Ballesteros Pérez (PSOE), Feliciano Luján Sánchez (PSOE), Antonio Sisternas Pardo (PC), Manuel Cuenca Huerta, Vicente Contreras Serrano, Eusebio Villanueva Cañabate, José María García Roda, Antonio López Cuenca, Jesús Armero Rodríguez, José Martínez García (CNT), Estanislao Cuevas Gil y Pedro Antonio Fernández Gómez (CNT). Y salieron elegidos como alcalde-presidente José María García Roda, como primer teniente de alcalde salió Alcaraz, como segundo Manuel Cuenca Huerta, como tercero Eusebio Villanueva, y como cuarto Luis Roda Alpuente (UR), y se eligió síndico a Feliciano Luján Sánchez (PSOE).
El ambiente en Requena se traslucía revuelto, falto de autoridad y legalidad. Así se deduce de las palabras del consejero por UR Luis Roda, quien dijo que venía al Consejo «para actuar política, administrativa y socialmente al servicio y en defensa de los intereses generales de la población» y que en sus actuaciones procuraría ponerse lealmente «al servicio del régimen y lograr una tónica de autoridad y legalidad tan necesaria para restablecer el equilibrio ciudadano», su partido rendía fervoroso culto a la Ley y debía quedar bien entendido que «combatirán enérgicamente toda actuación de cualquier naturaleza que fuere, que se salga de la Ley», llegando, incluso, a retirarse del Consejo «si no es el camino de la ley el que presida sus actos». Como partido de Unión Republicana Nacional no había tenido representación alguna en el anterior Consejo o Comité, por lo que ni él, ni su compañero camarada Iranzo Moya, se solidarizaban con ninguna de las actuaciones de cualquier orden, «no se viene a responder, ni siquiera moralmente, de actos realizados con anterioridad y sin su intervención, por lo cual solicita que se haga la depuración correspondiente». Finalizó reiterando «su colaboración dentro de las señaladas normas de austeridad y legalidad»[45].
El consejero Sisternas (PC) se adhirió a las manifestaciones del consejero Roda y pidió al Consejo que «se eleven dos telegramas al Presidente de la República y otro al Presidente del Consejo de Ministros de adhesión al régimen y al Gobierno constituido». Rafael Alcaraz, de Izquierda Republicana, expresó su conformidad con lo manifestado por sus compañeros y pidió que se enviasen «esos telegramas hoy mismo». El consejero Cuenca solicitó al Consejo que «todos procedan con la armonía necesaria para el desenvolvimiento de la vida municipal». José Martínez (CNT) hizo constar que no se oponía a lo dicho por los consejeros «puesto que, si no estuviera conforme con el régimen del gobierno, la minoría que representa no estaría presente en este Consejo municipal»[46].
El consejero Alcaraz propuso que fuesen seis las comisiones del Consejo: 1. Alumbrado, Personal y Gobierno; 2. Abastos, Hacienda; 3. Obras Públicas y Cementerio; 4. Instrucción Pública; 5. Administración y Policía urbana; 6. Beneficencia. Así se aprobó y se nombraron los vocales para las mismas[47].
El 29 de julio de 1937 el gobernador nombró consejero a José Corell Sáez (UR)[48] y el 5 de agosto, a Vicente Palmero Martínez (PC). El 28 de octubre separó del cargo de consejero a Feliciano Luján Sánchez y a Luis Ballesteros Pérez y nombró para sustituirlos a Luis Piqueras Martínez y Gregorio Cuartero Pérez, todos del PSOE[49]. Y el 30 de diciembre aprobó la sustitución propuesta por la sindical cnt, de los consejeros Pedro Antonio Fernández Gómez y José Martínez García por Manuel Martínez Valle y Leopoldo Alcaide Solaz[50]
La cuestión de la comisión de abastos.
Una de las consecuencias de la ruptura de la estructura misma del Estado republicano por el movimiento revolucionario fue que la descoordinación institucional no permitió mantener la producción. En el verano de 1936 ya se detectaban problemas de abastecimiento de trigo y un año después, en el verano de 1937, la producción en la zona republicana se había reducido a un cincuenta por ciento. El año siguiente fue peor[51]. En julio de 1936, tras la creación del CEP, los socialistas y los anarquistas mantuvieron por su parte en paralelo el Comité de Huelga Unificado para tratar con el desabastecimiento que comenzaba a padecerse en Valencia. En Requena, el problema de abastecimiento fue muy grave, «en los últimos años de la guerra la hizo enfrentarse a la escasez, la miseria y el hambre»[52].
En la primavera de 1938 la cuestión de abastos enardecía la política municipal requenense: trigo, semillas, patatas… El 13 de marzo el consejero Rafael Alcaraz (IR) dimitió de delegado de la comisión de abastos[53]y esto provocó un conflicto que encaja en el grave problema de abastecimientos que se dio en los territorios republicanos. La dimisión fue cuestionada y la actitud del alcalde conllevó a que las minorías de la CNT, la socialista y la comunista, en algunas ocasiones, abandonaran la sesión y se propusiera la creación de una comisión para fiscalizar las cuentas[54]. El problema pasó al Gobierno Civil. Hubo una inspección contable, destitución de delegado y un sinfín de debates que se alargarían hasta septiembre. Mes, en el que en la sesión del día 8, a propuesta de los consejeros Cuevas (CNT) y Vicente Navarro (UGT) se votó en contra de Gregorio Cuartero (PSOE) y se nombró consejero de Abastos a Maximino Pérez (UGT). Como síndico, el gobernador designó a Marzo Cebrián[55].
Gestora de 21 de abril de 1938, desfile de consejeros.
1938 fue un año en el que se produjeron numerosos cambios de consejeros, unos por incorporación a filas, otros por simple destitución. El gobernador civil, con fecha 31 de marzo, destituyó al consejero Vicente Palmero que fue sustituido por Manuel García, ambos del PC; el 7 de abril destituyó de alcalde-presidente a José María García Roda y el 14 de abril lo hizo como consejero; en la misma fecha nombró consejero a Miguel Argilés (IR). El 21 de abril salieron elegidos Jesús Armero Rodríguez (CNT) como alcalde y Gregorio Cuartero (PSOE) como primer teniente de alcalde[56]. El alcalde expresó que «viene animado del mejor deseo de laborar por la unión de todas las fuerzas antifascistas y que si le falta la cooperación de todos los sectores de que se compone la corporación no permanecerá mucho tiempo en el puesto que ocupa, creyendo que contará con esta cooperación, ya que siempre ha de obrar dentro de la más estricta equidad y justicia». El consejero Piqueras saludó al presidente y primer teniente de alcalde y les hizo saber que desde aquel «momento se deben más al pueblo que a las organizaciones que representan», a la vez que pidió que se informase al gobernador de la no asistencia de algunos consejeros, ya que en aquellos momentos se necesitaba más la unión que nunca de todas las fuerzas antifascistas[MOU4] »[57].El 28 de abril, fueron nombrados consejeros Emilio López, Maximiliano Pérez, Vicente Navarro y Vicente Salinas, a propuesta de la UGT[58]. En junio hubo dos nuevos consejeros: Antonio Sierra Guaita (PC)[59] y Justo Berlanga (PSOE)[60].
En octubre, continuó la sucesión de ceses y nombramientos: el 13 se nombró consejeros municipales, en sustitución de los incorporados a filas, a Eleuterio García Bonilla, Lorenzo Cárcel Alonso y Anselmo Domingo López[61]. El 20 fue nombrado consejero, a propuesta del partido socialista de la localidad, Fernando Molinero Hernández[62]. Y el 26 se nombró nuevo consejero a Bernabé Carpio Carpio, en sustitución de Manuel Martínez Valle, por haber perdido la confianza de la sindical CNT que le designó.
Comisión municipal de trabajo.
El Comité de Enlace CNT y UGT propuso al Consejo, en junio de 1938, la creación de una comisión municipal de trabajo integrada por un representante de ambas sindicales y otro del Consejo municipal. Este acordó nombrar a Vicente Navarro Pérez (UGT) para formar parte de la Comisión y «excitar el celo de estas Sindicales y el consejero nombrado para que inmediatamente se ponga en vigor una oficina y que se busque trabajo a todos los compañeros que vienen a esta Ciudad faltos de trabajo»[63]. La oficina funcionaba al finalizar el año y el consejero Anselmo Domingo (UGT) fue nombrado representante del Consejo municipal en la Oficina de Trabajo[64].
Noviembre de 1938, absentismo de consejeros.
El Consejo de Requena estaba constituido por dieciséis miembros: un alcalde-presidente, tres tenientes de alcalde, un síndico y once consejeros. Ya en abril se había denunciado la notoria y preocupante inasistencia de consejeros a las sesiones del Consejo, pero resultó que, entre el 5 de noviembre de 1938 y el 22 de marzo de 1939, hubo ocho sesiones de la Comisión Gestora con un notable absentismo de los consiliarios, hasta el punto que, en enero de 1939, los ediles Carpio y Sierra hablaron del abandono de los consejeros en sus cargos[65]. Dos de ello no asistieron a ninguna de las ocho sesiones ni justificaron su inasistencia, otros faltaron a tres, dos o una sesiones.
El 3 de noviembre 1938, el gobernador nombró consejeros a Vicente Montés Arocas y Serafín Domingo Navarro[66]. En diciembre, Montés fue nombrado consejero de propaganda y Anselmo Domingo representante del Consejo municipal en la oficina de trabajo[67]. Había cargos vacantes en la alcaldía y en las distintas comisiones, para cubrirlos se convocó una sesión extraordinaria el 5 de noviembre de 1938. De los consejeros asistentes resultaron elegidos Vicente Navarro Pérez como alcalde-presidente, Anselmo Domingo como primer teniente de alcalde, y Antonio Sierra Guaita para la tercera tenencia de alcaldía. La Presidencia dirigió un saludo a los compañeros del Consejo y les excitó su celo en beneficio de la Ciudad[68]. A esta sesión de elección de alcalde no asistieron, ni expresaron la causa de su no asistencia, algunos consiliarios. A finales de noviembre de 1938, la minoría de Izquierda Republicana abandonó el Consejo municipal, lo que motivó que el gobernador civil pidiese informe a la alcaldía sobre las causas que motivaron la retirada de los consejeros de IR[69].
El Gobierno de Largo Caballero había iniciado la militarización forzosa a partir del otoño-invierno de 1936-1937. A lo largo de 1938, muchos consejeros tuvieron que incorporarse a sus deberes militares. El 29 de enero de 1939 se recibió orden sobre la incorporación de los reemplazos de 1915, 1916, 1917 y 1918 y sobre movilización general hasta los 55 años. En febrero, la Comandancia militar pidió una relación del personal civil comprendido entre los 17 y los 55 años de edad y para ello se formó una comisión municipal encargada de resolver el problema[70]. El decreto de movilización afectó también a los consejeros municipales y se incorporaron a filas Vicente Navarro, que era alcalde-presidente, Antonio Sierra, Bernabé Carpio, Serafín Domingo y Vicente Montés[71].
En febrero de 1939 se incorporó un nuevo consejero, Primitivo Arenas (UGT), en representación de las aldeas, en su toma de posesión hizo constar que lo hacía «con la intención de ayudar en la medida de lo posible a las aldeas»[72].
Reconstitución del Consejo Municipal, 22 de marzo de 1939.
El 5 de marzo de 1939 se creó en Madrid el Consejo Nacional de Defensa (CND). Tres días después, el Consejo de Requena se puso incondicionalmente a disposición del Consejero Delegado de Gobernación. A la sesión asistieron solo siete de los consejeros y posteriormente se adhirieron tres más, dos de ellos eran nuevos, Carmen Monteagudo y Valentín Giménez Martínez, aunque no consta en las actas la fecha de su nombramiento. Los cargos de alcalde y las cuatro tenencias de alcaldía estaban vacantes[73].
El 22 de marzo de 1939 se convocó una sesión extraordinaria para la reconstitución del Consejo municipal y dar posesión a los consejeros, nombrados por el gobernador civil, Modesto Giménez Armero y Benito García Martínez, este último salió elegido alcalde-presidente. Las tenencias de alcaldía fueron ocupadas por Justo Berlanga Domingo (PSOE) en la primera, Eleuterio García Bonilla (UR) en la segunda, y Fernando Molinero Hernández (PSOE) en la tercera y como síndico. El presidente entrante pidió a los consejeros «entusiasmo y cooperación de los mismos para trabajar todos en pro de los intereses morales y materiales de la Ciudad»[74]. Además de los elegidos estuvieron presentes los consejeros Carmen Monteagudo Expósito, Maximino Pérez Claramunt, Valentín Giménez Martínez, Modesto Giménez Armero, Pedro Mateo Cebrián y Lorenzo Cárcel Alonso. En total, nueve de los dieciséis miembros que integraban el Consejo.
Siete días después, el 29 de marzo, el General Varela entraba en Requena. El 2 de abril de 1939 hubo otra sesión extraordinaria, la de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, que levantó el Acta de Constitución Provisional de la Comisión Gestora de Requena.
[1] Lo que Valero Gómez pone en el objetivo de los socialistas republicanos es ampliable a la política municipal de cualquier partido. Vid. Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización y conflicto interno en el socialismo español. La Federación Socialista Valenciana durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). Tesis doctoral dirigida por Aurora Bosch, Universitat de València (2012), p.380.
[2] Se recuperaron artículos de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 y quedaron en suspenso los preceptos que conferían a los gobernadores y Diputaciones atribuciones jerárquicas o facultades de ingerencia (sic) en los Ayuntamientos, que regulaba los recursos contra las decisiones de los Ayuntamientos. Y del Estatuto Municipal de 1924 debían permanecer vigentes los que regulaban el funcionariado y el personal municipal. Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización y conflicto interno…, p.379.
[3] Cosculluela Montaner, L. y Orduña Rebollo, E.: Legislación de Administración local (1900-1975). Madrid, 1981, t. II, p. XLVI.
[4] Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización y conflicto interno…, p.401.
[5] Vid. Fusi, J. P. y Palafox, J.: España: el desafío de la modernidad (1808-1996), Madrid, 1998, pp. 62-265.
[6] Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización y conflicto interno…, p. 379.
[7] Vid. Martínez Hernández M.ª Carmen. Política y Administración Provincial. La Diputación de Córdoba: 1925-1991. Córdoba, 2004, ISBN 84-81-54-071-4.
[8] Palacios Bañuelos, L.:«Córdoba en nuestro siglo (1898-1936)», en Córdoba y su provincia. Sevilla, 1986, p.100.
[9] Galán Tendero, V.M.: «Bosquejo de la guerra civil en Requena», en Oleana 29 (2015), p. 15.
10 Ayuntamiento de Requena. Libro de Actas, 15 de diciembre de 1934.
[11] El Frente Popular obtuvo el 34,3 % de los votos y 278 diputados; la derecha el 33,2 %con 124 diputados; el centro el 5,5 % de los votos y 51 diputados.
[12] Fueron diez las comisiones del Ayuntamiento: Policía urbana, Matadero, Repeso, Obras Públicas y Cementerio, Feria y Fiestas, Alumbrado, Paseo y Alumbrado, Hacienda, Beneficencia y Sanidad, Personal y Gobierno, Aguas, Instrucción Pública, Alojamiento y Bagajes, e Incendios. Comisión Gestora Municipal de Requena. Libro de Actas, 27 de febrero de 1936.
[13] Ibíd. 2 de junio de 1936.
[14] Cobo Romero, F.: La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950). Diputación de Jaén, 1994, ISBN84-87115-21-7, p.261.
[15] Cueva Merino, J. de la: «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil», en E. La Parra, M. Suárez: El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, 1998, p.250
[16] «El pueblo no puede esperar que la revolución se haga paso a paso, y los hombres que el 11 de mayo quemaron las iglesias prestaron un servicio muy estimable a los que mañana han de gestionar la renovación del Concordato… la quema de conventos ha de estar ya calculada en los gastos por accidente de deterioro y renovación de maquinaria en estas grandes empresas», en Crisol (14 de mayo de 1931).
[17] Martin Rubio, A. D.: «Sublevación y revolución…», p.263
[18] Comisión Gestora Municipal de Requena. Libro de Actas, 22 de febrero de 1936.
[19] Ibíd. 17 de marzo de 1936.
[20] Sintetizamos la aportación de Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización y conflicto interno…, pp.88, 389, 390.
[21] Sustituyendo a la que había sido la principal formación valenciana desde principios de siglo: el Partido de Unión Republicana Autonomista PURA. Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización y conflicto interno…, p.392.
[22] Valero Gómez, S.: radicalización y conflicto interno…, p.395.
[23] Fusi, J. P. y Palafox, J.: España: el desafío de la modernidad…, p. 270.
[24] José Berzal Martínez, Eugenio Cabanes Mata, Leopoldo Pérez Laguna, Plácido Guerrero Parra y José Pérez Limorte, según la Causa General, fueron asesinados entre el 20 de agosto y el 21 de octubre de 1936. Causa General, Ayuntamiento de Requena, Estado número 1, Relación de personas residente en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinados, f. 9.082.878.
[25] Fusi, J. P. y Palafox, J.: España: el desafío de la modernidad…, pp.286-288.
[26] Vid. Fernández Suárez, R.: Convulsiones a las puertas de Madrid: Fuencarral durante la República, la guerra civil y el primer franquismo. Madrid, ACCII Ediciones, 2020, ISBN 978-84-77867-61-4.
[27] Por un decreto del 21 de julio de 1936, el Gobierno de Giral creaba una Junta Delegada «con jurisdicción sobre el territorio de las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Cuenca, Albacete y Murcia». Dicho decreto establecía claramente que la Junta estaría «supeditada al Presidente del Consejo de Ministros», a la vez que «las Autoridades de todo orden en dichas provincias quedarán dependientes de la Junta (…) y cuidarán de prestarle obediencia y asegurar la de sus subordinados». Gaceta de Madrid, 23 de julio de 1936. Girona, A.: Guerra y revolució al País Valenciá (1936-1939), Valencia, 1986, p.38. Citado por Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización y conflicto interno…,p.85.
[28] El CEP estaba integrado por doce delegados: dos de la CNT, dos de la UGT, uno del PSOE, uno del PCE, uno del POUM, uno del Partido Sindicalista, uno de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, uno de Esquerra Valenciana y uno del Partit Valencianista d’Esquerra. Vid. «L’anarcosindicalisme i l’estatut d’autonomia del País Valencià (1936-1939)», en Recerques: Història, economia i cultura, 2 (1972), (Ejemplar dedicado a: Política i economia a la Catalunya del segle XX), pp.209-222.
[29] Girona, A.: Guerra y revolució…, p.34, citado por Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización…, p.412.
[30] Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización…, p.413.
[31] Paniagua, J.: «La Diputación en los años 30», en M. Chust (Dir.): Historia de la Diputación de Valencia. Valencia, 1995, p.354.
[32] Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización…, pp.413,417-418.
[33] En la comarca de Requena-Utiel, si bien hubo 104 miembros de lo que se desconoce su filiación política, IR consiguió 5, el PSOE 2, la CNT 4y UR 3. Vid Valero Gómez, S.: Reformismo, radicalización…, pp. 413,417-418.
[34] Sobre la actividad del CEP de Requena Vid. Galán Tendero, V. M.: «Bosquejo de la guerra civil…», p. 19.
[35] Comisión Gestora Municipal de Requena, Libro de Actas, 17 de agosto de 1936.
[36] Bosch Sánchez, A.: Ugetistas y libertarios: guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939. Institución Alfonso el Magnánimo, 1983, p. 41ISBN: 84-500-9452-6.
[37] Cobo Romero, F.: La guerra civil y la represión franquista…, p.182.
[38] Por Decreto del Ministerio de Agricultura de 15 de septiembre, se debió proceder a constituir el Comité Agrícola Local del Frente Popular compuesto por cuatro vocales y el presidente de la Comisión Gestora, siendo secretario del mismo el del Ayuntamiento. Consejo municipal. Libro de Actas, 17 de septiembre de 1936.
[39] Comisión Gestora Municipal de Requena. Libro de Actas, 24 de septiembre de 1936.
[40] Ibíd.,26 de noviembre de 1936.
[41] 1) Comisión de Guerra, Justicia, Pasaportes y Policía Urbana; 2) Abastos, Hacienda, Alumbrado y Aguas; 3) Comisión de Administración, Agricultura, Obras Públicas, Matadero, Ropero y Cementerio; 4) Comisión de Trabajo, Sanidad, Instrucción, Beneficencia, Alojamiento, Personal y Gobierno y Servicio de Incendios. Ibíd.,26de noviembre de 1936.
[42] Ibíd., de 3 diciembre de 1936.
[43] Ibíd. 11 de febrero de1937.
[44] Ibíd., 9 de junio de1937.
[45] id.
[46] id.
[47] id..
[48] En sustitución de Estanislao Iranzo. Consejo Municipal de Requena, Libro de Actas, 29 de julio de1937.
[49]Ibíd. 28 de octubre de1937.
[50]Ibíd. 28 de octubre de 1937 y 30de diciembre de1937.
[51] Fusi, J. P. y Palafox, J.: España: el desafío de la modernidad…, pp. 286, 287-288.
[52] Vid. Sanz Pérez, A., Orive Vergillós, I.: «Las condiciones económicas de Requena durante la guerra civil», en Crónicas Históricas de Requena (10. 09. 2017).
[53] Ibíd., 13de marzode1938.
[54] Ibíd., 14 de marzode1938.
[55] El gobernador envió un telegrama para designar a Cuartero, consejero que se encargue del servicio de información y propaganda con arreglo a las normas establecidas, y como síndico, a Juan Marzo Cebrián. Ibíd., 8 de septiembre de 1938.
[56] Argilés sustituyó a Alcaraz como consejero, que tuvo que incorporarse a cumplir deberes militares, y Cuartero los sustituyó como primer teniente de alcalde. Ibíd.,14 y 21 de abril de1938.
[57] Ibíd., 21 de abril de1938.
[58] Ibíd., 28 de abril de1938.
[59] En la vacante de Manuel García (PC). Ibíd., 2de junio de1938.
[60] En sustitución de Luis Piqueras (PSOE). Ibíd., 16dejunio de1938.
[61] En sustitución de los consejeros Cuevas, Armero y García Hernández incorporados a filas. Ibíd., 13 de octubre de1938.
[62] En sustitución de Gregorio Cuartero (PSOE). Ibíd., 20 de octubre de 1938.
[63] Ibíd., 2 de junio de 1938.
[64] Ibíd., 1 de diciembre de 1938.
[65] El consejero Sierra pidió a la Presidencia que procurase que los empleados municipales estuviesen en sus puestos a las horas de oficina, lo que parece revelar otro cierto absentismo en el personal municipal. Ibíd., 12 de enero de 1939.
[66] En sustitución de Emilio López García y Vicente Salinas, ambos de UGT. Ibíd., 3 de noviembre de 1938.
[67] Ibíd.,1 de diciembre de 1938.
[68] Los consejeros asistentes a la sesión fueron: Vicente Navarro, Anselmo Domingo López, Bernabé Carpio Carpio, Lorenzo Cárcel, Alonso García Bonilla, Maximino Pérez Claramunt, Vicente Montés Aroca, Antonio Sierra Guaita, Justo Berlanga y Fernando Molinero, Ibíd., 5 de noviembre de 1938.
[69] Ibíd., 24de noviembre de 1938.
[70] Ibíd., 16 de febrero de 1939.
[71] Ibíd., 29 de enero de 1939 y 2 de febrero de 1939.
[72] Ibíd., 23 de febrero de 1939.
[73] Asistieron: Eleuterio García Bonilla de UR, Justo Berlanga del PSOE, Carmen Monteagudo, Pedro Mateo, Lorenzo Cárcel, Maximino Pérez UGT y Valentín Giménez y se adhirieron los consejeros Primitivo Arenas de UGT, Luis Roda de UR, Fernando Molinero de PS y Amparo Giménez por CNT. Ibíd., 8 de marzo de 1939.
[74] Ibíd., 22 de marzo de 1939.
