El país y sus problemas.
Generalmente se considera que el triunfo de la causa borbónica en la guerra de Sucesión abrió de par en par las puertas de la centralización administrativa. Según la afortunada frase de un notable historiador, España se convertiría a partir de entonces en más chica que el imperio, pero más grande que Castilla.
Ahora bien, se trataría de una verdad a medias, ya que el reino de Navarra conservó sus instituciones particulares por su fidelidad a Felipe V. A despecho de la extensión de la legislación castellana y del idioma castellano en los documentos oficiales, se implantaría en los reinos de la Corona de Aragón un régimen de gobierno militar, el de los capitanes generales con las audiencias territoriales, que sería distinto del civilista de Castilla, donde no se pudo implantar finalmente la única contribución. Cadalso estaba en lo cierto cuando ponía de relevancia la variedad territorial de España. Dentro de la Corona de Castilla aquella variedad también era evidente.
A comienzos del siglo XVIII, se llegó a considerar el extenso término municipal de Requena un país o territorio con sus peculiaridades, derivadas desde el punto de vista legal de sus privilegios. Los daños padecidos por su archivo municipal a manos de los soldados de Carlos de Austria apuntaban contra el corazón local. Para sufragar la confirmación de los privilegios locales por el rey, se cargó un ochavo sobre la libra de la carne de macho el 16 de mayo de 1716, pensándose recaudar unos 12.000 reales, correspondiendo su cuarta parte a las aldeas del término requenense. Como hasta el 15 de agosto quedaba poco tiempo para que finalizara el máximo consumo de carne anual, se impuso otro ochavo sobre la libra de carnero.
En teoría, los privilegios reales protegían a los vecinos de las actividades de los forasteros, lo que fomentó un claro exclusivismo, compartido por distintos grupos por razones particulares. Los carmelitas se opusieron en la primavera de 1715 a que los padres descalzos carmelitas de la provincia de Santa Ana pudieran fundar un convento en el término.
Las instituciones locales configuraban a su modo un pequeño Estado, dotado de importantes competencias, en el que se vivía con intensidad la vida de toda la Monarquía. El 4 de mayo de 1715 el corregidor notificó la paz con el rey de Portugal. Los fastos sobrepasaron a veces la capacidad de la hacienda local, y el 5 de octubre de 1716 se llegó a ordenar que no se hicieran exequias a expensas del común. Obligación de las autoridades locales era ayudar a las de la Monarquía: el corregidor ofreció el 20 de junio de 1716 asistencia al presidente del Consejo de Castilla a su paso por la villa de Jorquera. A pesar de todo, la villa llegó a no disponer de los regidores convenientes para dar cuentas en Cuenca, algo que sobrepasó la mera argucia ante las exigencias reales.
Los medios de los vecinos para sortear los problemas.
La pasada guerra había dejado una Requena todavía más acuciada si cabe por las deudas, que los vecinos debían en teoría liquidar, algo muy complicado, casi imposible. A título de ejemplo, se puede decir que a la altura de 1716 se debían 3.300 reales por el servicio de milicias de 1706 y 1.650 por el de 1713; 9.000 por las alcabalas; y 4.929 por las tercias reales de 1710 a 1715. El superintendente de Cuenca apretaba para que se pagaran.
La venta de bienes raíces por los vecinos debía cobrarse al 3% para los repartimientos, pero la pobreza de aquéllos obligó a 31 de enero de 1716 a que no se percibiera nada por las ventas hechas antes del primero de aquel mes, fecha a partir de la cual se cobrarían a razón del 1%.
Más de un agricultor recurrió al crédito del pósito. La reintegración de lo prestado con intereses o creces se quiso facilitar cuando los procuradores síndicos fijaron la fanega de trigo rubión de las tercias a 22 reales.
Para paliar su difícil situación, más de uno vendió vino a los forasteros, lo que amenazó el provisión local. Los trajinantes lo adquirían por ser más barato que el vino de La Mancha o del reino de Valencia. El 7 de abril del 16 el concejo amenazó a los infractores con el decomiso de mercancías y cabalgaduras. A 17 de aquel mismo mes se ordenó cala y cata obligatoria de vino
El deseo del absolutismo borbónico de disponer del territorio y sus recursos.
A 18 de noviembre de 1716 las copiosas lluvias habían arrancado un gran trozo de la acequia principal de la fuente de Rozaleme, lo que inutilizó a los molinos de la ribera. La inundación había afectado a los caminos y a todo el arrabal, que debió ser supervisado por los maestros alarifes para comprobar los daños. Cien hombres se destinaron a la reparación de la acequia, pagados con 300 reales del fondo de los débitos ante la penuria de los propios.
En semejante situación, el territorio de Requena parecía sumido en un bache. No resulta extraño que se pidiera al monarca el otorgamiento de una feria franca, como en lo antiguo, a celebrar a partir de 8 de septiembre.
La nueva monarquía borbónica no pensaba hacer dejación de sus atribuciones, ni ceder el control a la oligarquía local como en tiempos de Carlos II. En 1717 se obligó a los regidores a que no tuvieran tiendas ni fueran arrendadores de abastos, por el temor a que pervirtieran el equilibrio económico de la villa, ya de por sí bastante precario. Se insistió, pues, en la preservación de los mandatos reales. El 18 de mayo de 1716 se consignó una carta del abad de Vivanco, del 14 de octubre de 1714, para que no se labraran las veredas de paso de las cañadas reales.
Por aquellos días se pensaba que la tala indiscriminada impulsaba la despoblación al privar de leña a los vecinos. En consonancia, se deseó el plantío de árboles en la huerta y en la vega, por lo que no se admitió la postura u oferta del carnicero. La entrada de unas 300 cabezas de ganado, se sostenía, podía ocasionar la destrucción de 4.000 moreras y árboles. La sedería ya apuntaba en el horizonte.
El acrecentamiento de la población y de sus recursos nada tuvo que ver con ninguna actitud filantrópica, con un movimiento ilustrado aun en sus comienzos a nivel español, sino práctica de obtención de fuerzas militares. El 13 de noviembre de 1716 el comandante de las guardias valonas pidió 1.200 raciones de pan, sin que se alterase su precio en contra. A 6 de septiembre del 17 se dispuso una bandera de reclutamiento de soldados de caballería, y el 18 de octubre se trató de fomentar la cría de caballos. El absolutismo borbónico no descuidó su ejército de ninguna manera.
Para evitar las extorsiones fiscales, se otorgaron importantes poderes a los superintendentes el 18 de marzo de 1714 para imponer respeto a las autoridades y sujetar a las inquietas tropas, pues la infantería yacía minada por las deserciones. A la altura de 1718 se extremaron las precauciones. En el paso de la Derrubiada actuarían de diez a doce cabos de escuadra contra los fugados y los vagabundos, y se impondría con mayor rigor el sorteo de los mozos para el servicio militar, varones de 18 a 44 años, de buena estatura (de siete palmos y medio de altura), robustez, serenidad y disposición. Al menos, tales cualidades se pretendían, rehuyendo la recluta de los denostados vagos, pero también de los hijos únicos de viudas, los pobres, los fabricantes de tejidos de lana y seda, los carreteros de la Cabaña Real o los pastores de ganado lanar con la intención de no dañar la economía productiva. Con el aumento de diez hombres por cada compañía de los cincuenta y cinco batallones de las tropas reales, se impuso a Requena la leva de cinco soldados en aquel año de 1718. Finalmente, se recurrió a gentes presas en esta ocasión.
La victoria en la guerra de Sucesión y el despliegue del nuevo ejército impulsaron con fuerza el absolutismo borbónico, que en la Corona de Castilla quiso insuflar nuevas energías al Estado heredado de los últimos Austrias. Los días del reformismo ilustrado todavía estaban por venir.
Fuentes.
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.
Expediente 10.134.
Libro de actas municipales de 1706-22, nº 3265.