A mis estudiantes de Historia de España del IES UNO de Requena.

 El pronunciamiento de 1843.

Un 30 de julio de 1843 abandonaba España el regente don Baldomero Espartero, el bravo general que había alcanzado gran popularidad en el transcurso de la primera guerra contra los carlistas en defensa del trono de Isabel II. De extracción popular, muy distante de los aristocráticos oficiales del Antiguo Régimen, se había curtido previamente en la lucha contra las fuerzas de Napoleón y en las campañas de la Emancipación hispanoamericana, donde logró un sólido grupo de amigos y compañeros militares de cara al futuro, los llamados Ayacuchos.

En 1840 alcanzó la regencia parándole los pies a las pretensiones autoritarias en lo municipal de la reina María Cristina. Sin embargo, Espartero no fue ni de lejos el Napoleón de la revolución española. Fue un tipo torpe en lo político que entendió la Constitución de 1837 como si de unas ordenanzas cuarteleras se tratara. Los liberales progresistas se fueron apartando de él y los moderados nunca lo perdonaron. Contra su autoridad estalló el alzamiento de mayo de 1843, en el que la España progresista terminó marginada por la moderada, según ejemplifica el caso de Requena.

El ayuntamiento progresista de Requena.

En 1843 el ayuntamiento constitucional de Requena se componía de dos alcaldes, cinco regidores y dos síndicos. Nombraba a los cargos municipales de los celadores o alcaldes de los barrios y de las partidas de los caseríos, además de otros como el procurador en Cuenca y el destacado en Madrid. El organigrama del municipio aún acusaba cierto aire del pasado, evidente en la presencia del recaudador de bulas, el mayordomo del pósito o el de propios y arbitrios.

Sin embargo, no se trataba de un ayuntamiento conservador. Los tres últimos oficios disponían de una autoridad más simbólica que efectiva dada la quiebra del pósito y el quebranto de los bienes de propios. Además, se articuló una novedosa sección municipal encargada de los riegos y una comisión local de instrucción pública, muestra de las nuevas preocupaciones económicas y sociales de los prohombres requenenses. La edificación de las cárceles del juzgado de primera instancia hizo necesario el nombramiento de un depositario de los fondos del partido judicial. La incorporación a la Administración como propiedad del Estado de la escribanía municipal, previamente conseguida con gran dispendio de 39.900 reales por Manuel Martín López al fallecimiento de José Antonio Jaime (que fuera rehabilitado en agosto de 1836 tras ser procesado por los absolutistas), ocasionó no escasos quebraderos de cabeza.

Entre los rectores de la vida municipal se encontraban personas de clara trayectoria liberal como el alcalde primero José García Ibáñez y el alcalde segundo Domingo Laguna, también alcalde de la partida de Albosa. Representaban a un grupo de propietarios emprendedores, pero no al grupo de compradores de bienes desamortizados entre 1836 y 1845, cuidadosamente estudiado por Alfonso García Rodríguez, de perfil más acaudalado e incluso aristocrático. En el ayuntamiento de comienzos de 1843 sólo encontramos a dos de ellos: Mariano Mediamarca en calidad de procurador en Cuenca, lo que le permitió ejercer de intermediario, y el realista Pedro Antonio Monsalve, alcalde del barrio del Portalejo.

En este consistorio los síndicos, como Ángel Cepeda, se mostraron bien activos. Exigieron precisar varios aspectos del reglamento de 1828 acerca de los deberes del cobrador de contribuciones, solicitaron abordar el régimen de la escribanía municipal y atendieron al memorial de varios vecinos para formar la estadística de toda la riqueza territorial, industrial y pecuaria de Requena a fin de repartir con equidad los impuestos. No resulta extraño que tal ayuntamiento chocara con Pedro Antonio Monsalve por la formación de los padrones de su escuadra vecinal.

Este consistorio intentó de la mejor manera que pudo reconstituir el patrimonio municipal. Recurrió al archivo municipal, un verdadero arsenal de datos en manos de los gobernantes más capaces, para lograr los almudes de tierra del Abrevador de los Prados. De la Junta de Ventas Bienes Nacionales logró el edificio del convento de los carmelitas calzados para destinarlo a las cárceles del juzgado y a las casas consistoriales, cuyos gastos se atenderían con los despojos del convento de San Francisco, lo que animó a que pidiera su subasta a través del hombre de negocios sedero José María Penén.

 La ausencia de la necesaria reforma fiscal.

La intendencia militar había exigido a los vecinos fuertes sumas de dinero e importantes cantidades de víveres durante la pasada guerra contra los carlistas. Solo la división expedicionaria del regente Espartero, compuesta por los regimientos de Luchana y del Rey nº 1, les pidió 8.000 raciones de pan, de las que se consumieron 6.600.

Las autoridades provinciales de Cuenca no se mostraron más benévolas. Se amenazó proceder contra los morosos el 5 de enero de 1843 en caso de no liquidar sus deudas el 8 del mismo mes, lo que resultó enormemente complicado cuando no se cobraba puntualmente, caso del cirujano Nicolás Zanón. A partir del 21 de marzo arreciaron las ejecuciones de bienes. El 28 de abril se emplazó a los equipos municipales de 1835, 1838 y 1839 para que dieran razón de los descubiertos presupuestarios, cuando la contribución anual ascendía a los 16.472 reales y la extraordinaria de los millones a los 16.000.

Las vetustas rentas provinciales, entre la que se encontraba la contribución de los millones que databa del tiempo de la Armada Invencible, todavía permanecían vigentes en gran medida, así como la odiosa forma de atender a sus pagos: los repartimientos y los arbitrios sobre el consumo. Se pensó metodizar con la ayuda de los cosecheros la venta del vino para imponer un gravamen que atendiera al pago de las contribuciones ordinarias. La quebrada hacienda municipal, con severos problemas para alimentar a los presos pobres a su cargo, no pudo prescindir de los arbitrios y se impusieron derechos sobre la carne y el aceite, que no dejaron de alentar el fraude, denunciados por los arrendadores de aquéllos. A la hora de competir por los escasos ingresos de los vecinos, el ayuntamiento salió perdiendo ante la diputación (que exigió los atrasos de 1824-35 del impuesto de 10 maravedíes sobre cada arroba de vino para el camino de Tarancón) y la intendencia, no pudiendo aplicarse los ingresos impuestos sobre la carne en la pasada feria de 1842. El municipio en calidad de administración local del Estado logró escasos provechos financieros de la venta de bienes nacionales.

Ante estas carencias los vecinos se encargaron de la composición de los caminos. Los habitantes de los Pedrones y de la Portera pidieron ser relevados de las obras del camino del puente de Jalance por encargarse ya del que enlazaba la Carrera del Caballo con Cofrentes.

A la falta de una necesaria reforma fiscal se añadió el hundimiento del sistema de protección social, por imperfecto que fuera, del Antiguo Régimen, ejemplificado en el pósito. Ahora los comerciantes y los panaderos ganaron protagonismo. Se dispuso que los vendedores de pan deberían de disponer de un peso a la vista de los compradores bajo pena de dos ducados, ateniéndose al marco castellano (media libra, libra y libra y media).

 El espíritu de la Requena progresista.

En el padrón de reemplazos militares ordenado por la diputación en 1843 se cuantificaron en Requena 2.370 vecinos y 8.863 almas, unas cifras bajas que no parecían tener presentes los habitantes de sus aldeas, ya que en 1805 se registraron en la documentación municipal unas 10.791 almas, en 1812 unas 10.993, en 1816 unas 11.007, en 1830 unas 11. 979, en 1844 unas 11.772 y en el más preciso censo de 1857 unas 12.029. En 1847, de cara al consumo de pan, se estimó la población de la ciudad en 2.455 vecinos y 9.277 almas. De todos modos cada unidad familiar no rebasaba por término medio las cuatro personas en ningún caso.

Las guerras no sólo marcaron el crecimiento de la población, sino también su espíritu. Entre 1835 y 1840 los requenenses se habían enfrentado a las partidas carlistas, las odiadas facciones que habían interceptado las comunicaciones gravemente. El capitán de milicias Miguel Cárcel y el mencionado cirujano Nicolás Zanón dijeron no poder asistir a las clases de la Universidad de Valencia por tal razón. El encastillamiento de los partidarios de Isabel II en el núcleo urbano frente a un campo abierto a las incursiones carlistas forjó la imagen de la Requena liberal. Cada petición vecinal de indemnización por las obras de fortificación ante los seguidores de don Carlos iba acompañada de un triste recuerdo y de la reafirmación del deber cumplido, que bien merecía su reconocimiento. La necesidad de guarnición de la estratégica plaza se había esgrimido desde 1836 para evitar la movilización militar de muchos solteros y viudos sin hijos a otros frentes y para obligar a los habitantes de los caseríos aledaños a poner a buen recaudo sus monturas en ella. Las obras de fortificación tensaron en la primavera de 1837 las relaciones con Utiel, que finalmente sucumbió ante los carlistas, ante la exigencia de raciones de alimentos, dinero y el servicio de 220 peones y 20 carros para el transporte de yeso.

Los milicianos o nacionales sirvieron la causa de la Requena liberal. Se encargaron de misiones como las de custodiar a los numerosos presos de paso a Valencia. Como muchos eran tejedores de seda y perdían en consecuencia jornadas de trabajo, se acordó el 9 de mayo de 1843 que percibieran de 5 a 50 reales el día que salieran de Requena. La pasada guerra carlista había acrecentado su espíritu de cuerpo y combativo a favor del liberalismo con muestras como la contribución a la suscrición por los héroes de Gandesa el 1 de mayo de 1838. Sus familiares, con derecho a la indemnización, conservaban la llama sagrada de unos hombres que eran víctimas seguras en caso de caer en manos carlistas.

El fomento de esta sociabilidad liberal también se dejó sentir en el mundo de la música y de las diversiones. Los tambores y cornetas del batallón de la Milicia Nacional tuvieron un protagonismo que fue más allá de lo meramente militar. El 21 de abril del 43 se concedió al cabo de tambores el salario de 2 reales diarios y a los demás el de 1 real. Gran popularidad alcanzaron las corridas de toros, pensándose establecer el coso en el castillo, y los bailes de máscaras, tildados por el conservador Díaz de Martínez en sus Ephemérides de “un número de hombres desenfrenado, invocando la común cantilena de libertad y de progreso, se desmandan en acciones las más disolutas y brutales. A la presencia de los maridos y los padres insultadas son sus propias esposas e hijas con una barbaridad que no se halla ejemplo entre las tribus más salvajes.” El 13 de enero del 43 el jefe político provincial de Cuenca accedió a la celebración de cuatro bailes de Carnaval en nuestra localidad, lo que se repitió entre el 16 y el 17 de abril. Los beneficios de tales bailes se destinaron al necesitado Hospital de Caridad, del que se hizo cargo la junta de beneficencia el 11 de enero de 1839.

 El creciente choque con el clero secular.

La venta de bienes nacionales contribuyó a enemistar a los liberales, muchos de ellos convencidos católicos, con parte del clero. El 5 de febrero de 1836 se anunció en Requena el decreto del 25 de enero sobre edificios que fueron conventos. El franciscano fray Prudencio Guillén, en buenas relaciones con  el alcalde de Fuenterrobles José Antonio López (antiguo voluntario realista), se mostró especialmente desafecto.

De todos modos las corporaciones eclesiásticas locales adoptaron una actitud más prudente y mostraron su adhesión a las autoridades liberales en el revolucionario 1836. Algunos clérigos fueron declaradamente liberales, como el presbítero Toribio Mislata, al que el municipio encargó predicar la Cuaresma en aquel mismo año. Ante la ausencia del arcipreste del Salvador, encargado de oficiar eclesiásticamente el 22 de agosto de 1836 el restablecimiento de la Constitución de 1812, el propio Mislata en calidad de vicario ecónomo fue requerido al efecto. La celebración de un solemne Tedeum en el Salvador el 16 de septiembre del 36 por el triunfo ante los carlistas la tarde del 13 pareció sellar el entendimiento entre parte de los liberales y del clero.

La hacienda pública se hizo con la administración del ramo de la cruzada, cuyos fondos se destinaron a la tesorería provincial y los diezmos se pagaron según las disposiciones de la junta de armamento y defensa de la provincia de Cuenca en 1836 y 1837. La intendencia reclamó en 1843 el pago de las primicias a los curas párrocos a través del ayuntamiento. Este nuevo regalismo contempló la cooperación de los sacerdotes en la junta de beneficencia local con integrantes como el cura párroco de Santa María José Ortega y el presbítero José Antonio Ponce en 1838. En la comisión de instrucción primaria municipal de 1843 se sentaron el inevitable Mislata y el arcipreste Pedro González.

El ayuntamiento no sólo se hizo cargo puntualmente de los dispendios de ciertas procesiones, sino también de los gastos del culto y clero de las tres parroquias, lo que no dejó de resultar gravoso en aquellas difíciles circunstancias. El 9 de mayo del 43 algunos curas habían percibido la excesiva suma de 3.300 reales, según el municipio, lo que no le evitaría a la corporación que el 19 de mayo el vicario ecónomo de Santa María Epifanio Moya exigiera las cantidades que se le adeudaban. Desde aquélla se le recordó el 26 de mayo que devolviera al ayuntamiento de la Pesquera las alhajas de plata que se le confiaron durante la pasada guerra civil. Tales debates fueron la antesala de la supresión de la contribución del culto y clero del 1 de junio, conocida en Requena cinco días después.

Los opositores a Espartero y a los progresistas.

Anunciada en Requena el 13 de enero de 1843 la disolución de las Cortes del 3 de enero,  tras el bombardeo de Barcelona el 3 de diciembre de 1842, Espartero contaba cada vez más con menos simpatizantes entre las filas del progresismo, sin lograr al menos la tolerancia de los liberales moderados.

Las autoridades provinciales pronto pidieron a los ayuntamientos informes sobre la conducta política de algunos de sus vecinos. El 28 de marzo se solicitó al de Requena el del presbítero Manuel Nuévalos, el 7 de abril el de José Roda y el 17 de abril la del clérigo tonsurado Víctor Pedrón (estudiante en el seminario de Cuenca), lo que apuntaba al sector más visiblemente conservador de la sociedad requenense.

El ayuntamiento de Requena frente al autoritarismo de la regencia de Espartero.

Entre el 13 de enero y el 9 de junio de 1843 la institución municipal se mostró oficialmente sumisa ante las disposiciones del regente transmitidas a través del jefe político y de la diputación provincial. El 27 de enero esta última dirigió varias alocuciones impresas a los electores, que debían ser atendidas en público. Asimismo realizó alteraciones en las listas de electores el 21 de febrero, lo que fue aceptado por el ayuntamiento.

Indiscutiblemente la regencia trató por todos los medios a su alcance de influir en el proceso electoral, sin que el comprometido ayuntamiento requenense se sintiera en posición de fuerza para pararle los pies. Cuando las sesiones de las nuevas Cortes comenzaron el 3 de abril se denunciaron muchas irregularidades.

Pese a todo en el nuevo hemiciclo se impusieron los progresistas contrarios a Espartero, que lograron imponer al círculo del regente el gobierno de Joaquín María López el 9 de mayo. Diez días más tarde Espartero lo removió por otro de su gusto con gran escándalo. En medio de una gran agitación las Cortes se suspendieron el 26 de mayo. Al día siguiente los militares progresistas Prim y Milans del Bosch se alzaron en armas en Reus. Exigieron la proclamación de la mayoría de edad de la joven reina Isabel.

 Requena se pronuncia contra el regente.

Mientras la insurrección se extendía por la geografía española, la tambaleante regencia convocó nuevas elecciones a Cortes y formuló la propuesta de senadores para el próximo 20 de julio.

Sin embargo, el 18 de junio se celebró una sesión extraordinaria municipal. La agitación del vecindario había conducido al ayuntamiento, hasta entonces pasivo, a sumarse al pronunciamiento y al movimiento popular de otras provincias ante la marcha del gobierno superior, escasamente respetuoso con la Constitución de 1837. Se decía querer evitar las medidas que condujeran a la guerra civil. No olvidemos que el pensamiento liberal sublimaba la unión de la ciudadanía, depositaria de la soberanía nacional, frente al faccionalismo o la arbitrariedad que la contrariaba.

A las diez de la mañana de aquella jornada se presentaron ciudadanos de todas clases y milicianos, pero también figuras de orden como varios oficiales del ejército retirados en Requena, el comandante militar Saturnino Vivanco, el juez de primera instancia, el promotor fiscal, y los administradores de correos, salinas y rentas estancadas.

Desde la guerra de la Independencia los movimientos insurreccionales habían articulado con menor o mayor dificultad una serie de juntas locales que terminaban conformando otras superiores. El mismo 18 de junio se formó una junta de gobierno en Requena con las atribuciones necesarias, formada por Marcelino María Herrero en calidad de presidente y por el alcalde primero José García Ibáñez, Pío Sánchez, José Trinidad Herrero (hijo de Marcelino María), Antonio María Ferrer, Manuel García Pedrón y Pedro de Vera como vocales. La adscripción de muchos de sus miembros al liberalismo moderado o conservador era evidente. Bien podemos decir que el alzamiento requenense no fue espontáneo, sino que se gestó y preparó a lo largo de 1843 por los elementos antiprogresistas, que supieron aprovechar el malestar de ciertos sectores ante la supresión de la contribución del culto y clero del primero de junio dictada por una regencia asediada, una medida que tampoco logró ganarse a los airados progresistas.

El 21 de junio Espartero se dirigió a Valencia contra los pronunciados, pero el 27 desembarcaron allí los generales moderados Narváez, Gutiérrez de la Concha y González de la Pezuela. El alzamiento iniciado por los progresistas sería bien aprovechado por sus rivales moderados paradójicamente. Mientras tanto el mismo día 27 conseguía reunirse en Requena el ayuntamiento en la casa del alcalde primero para abordar asuntos de trámite. El poder había pasado a la junta de gobierno de mayoría moderada, como pronto se comprobaría.

 La junta limita el reformismo del ayuntamiento.

El ayuntamiento pudo reunirse en la sala capitular debidamente el 4 de julio. Aprobó la supresión de los gravámenes sobre la carne y el aceite dadas las circunstancias de la nación.

Esta medida encaminada a ganarse a los contribuyentes más modestos no tuvo el beneplácito de la más conservadora junta de gobierno, que el 11 de julio le recordó que no tenía atribuciones para ello. Debería de dirigirse al intendente provincial, ni más ni menos.

El 22 de julio el general Narváez libró una incruenta batalla en Torrejón de Ardoz con el general Seoane y al día siguiente entró en Madrid. En aquellas circunstancias de triunfo se recordó al ayuntamiento el 28 del mismo mes que solicitara del gobierno político los oportunos boletines.

El apoyo a las fuerzas regulares.

Los insurrectos moderados no se mostraron conformes en realizar concesiones a los más progresistas durante el levantamiento y reforzaron durante el crucial mes de julio del 43 las fuerzas regulares en detrimento de las milicianas.

El 14 de julio, días antes del triunfo de Narváez, la junta previno al sufrido ayuntamiento para que proporcionara pan a los soldados y desertores que se sumaran al ejército pronunciado. El día 28 se leyó la circular de la junta provincial de Cuenca para que en menos de tres jornadas se presentaran a sus ayuntamientos los soldados que permanecían en sus casas.  

La regulación de los suministradores de alimentos.

El abastecimiento de las fuerzas armadas y el control de la población civil, claves para el éxito de todo movimiento insurgente, pasó por el control del abastecimiento de los alimentos de primera necesidad. Se culpó del encarecimiento de los granos al excesivo número de corredores el 21 de julio. Se estipuló que no negociaran en los caminos ni en las paradas de los arrieros, sino en la plaza de la Constitución.

Semanas más tarde, el 15 de agosto, se reconoció la calidad de corredor (teniendo en cuenta su conducta política) a Luis García, Fernando Gil, Nicolás Pérez Pinadas, Pedro Martínez, Pedro Gómez, Nicolás Diana, Antonio Pérez, Francisco Mata, Agustín Contreras y Francisco Antonio Contreras. Ofrecieron fianzas y se comprometieron a no ejercer sus funciones por medio de criados. Se insistió en que no requirieran a los arrieros por los caminos y se estableció la correduría en la antigua casa de la alhóndiga, satisfaciendo el correspondiente derecho. Deberían de exigir 8 maravedíes por cada fanega de trigo, 4 por cada una de cebada y avena, 8 por cada arroba de aceite y garbanzos, 4 por cada una de arroz y bajocas, y 2 por cada una de criadillas o patatas.

Tal reconocimiento y regularización dejó a gran parte de los cincuenta corredores expuestos a la vida vaga y viciosa, al tráfico ilegal, y el 22 de agosto se abrió la puerta a su integración si aceptaban las condiciones estipuladas anteriormente.  

La puesta en marcha de una política más conservadora.

La insurrección terminó derrotando a Espartero, que había partido a combatirla a Andalucía. El 30 de julio embarcó en el Puerto de Santa María hacia Gran Bretaña, su gran protectora según sus detractores.

Los alzados no condujeron el éxito por los caminos del progresismo precisamente, como se desprende de la actuación seguida en localidades como Requena, que iluminan muy bien la evolución de la política nacional.

El primero de agosto se crearon las juntas de partido y se reanudó la cobranza de la contribución del culto y clero.  El 11 del mismo mes se restablecieron las vetustas alcabalas, los cientos y los millones, aunque la situación financiera del municipio era tan deplorable que no hubo más remedio que declarar 45.755 reales incobrables de la contribución industrial de 1838 a 1840.

Este retorno a formas de tributar antiguas vino acompañado de una mayor atención a las reclamaciones de los poderosos, en cierto modo una forma de prolongar las exenciones del Antiguo Régimen dentro del liberalismo. El 18 de agosto se atendieron las quejas de Pedro de Vera, Mariano Peinado y Antonio Ferrer de Plegamans sobre la graduación de utilidades, ventas y consumos.

Dentro de esta línea de congraciarse con los poderosos locales cabe entender la compensación de los gastos de escribanía a Manuel Martín. El mediador Mediamarca exigió por sus gestiones para ceder San Francisco a la corporación municipal unos 800 reales, que se obtuvieron de los sufridos ramos arrendables.

Disciplina política y proclamación de la mayoría de edad de Isabel II.

A partir del 4 de agosto se procedió a la elección de la junta de partido y el 9 de agosto comenzaron a elaborarse las listas de electores.

La situación no era tan apacible en toda España. Entre septiembre y noviembre de 1843 los progresistas más decididos tomaron las armas contra las nuevas autoridades, especialmente en la agitada Barcelona. Exigieron la formación de una junta central que culminara el movimiento contra Espartero.

En tierras requenenses los llamados centralistas hicieron pocas demostraciones de fuerza. Sus habitantes estaban fatigados de la pasada guerra carlista. Los vecinos de la calle de Santa María pidieron el 22 de agosto que se les retirada el peligroso almacén de pólvora para ser trasladado a la batería de Reinas. A la altura del primero de septiembre todavía quedaban allí unos 119 paquetes de cartuchos.

Los carlistas (los latrofacciosos de la propaganda liberal) que el pasado 30 de julio dieran el grito de sedición en el Remedio parecían reducidos a la nada en el mes de septiembre. Los más poderosos no los secundaron, máxime una vez silenciado el progresismo. El 23 de noviembre se insertó la orden del ministro de la gobernación anunciando la proclamación de Isabel II en la plenitud de su autoridad real. Los cuatro reyes de armas que el 29 de noviembre se dispusieron en las esquinas del tablado de la plaza de la Constitución, proclamándola a voces de “Castilla, Castilla, Castilla, por Isabel II reina constitucional de España y arrojando al pueblo monedas con su efigie, representaron el espíritu conservador del liberalismo moderado que estaba marginando al progresista.

 Bibliografía.

DÍAZ DE MARTÍNEZ, José Antonio, Ephemérides de Valencia y su provincia ocurridas desde el 25 de agosto hasta al 31 de enero de 1840. Obra manuscrita inédita digitalizada por Marcial GARCÍA BALLESTEROS.

GARCÍA RODRÍGUEZ, Alfonso, Propiedad y territorio. Las desamortizaciones del siglo XIX  en Requena, Requena, 2014.

 Fuentes.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

Libro de actas municipales de 1831 a 1839, nº. 2729.

Libro de actas municipales de 1840 a 1843, nº. 2728.