A día de hoy hablamos bastante del Estado del Bienestar, acerca de su validez y de sus límites. Históricamente, eclosionó tras la II Guerra Mundial, cuando los poderes públicos de Europa Occidental, especialmente, se preocuparon de dotar a su ciudadanía de los medios asistenciales, sanitarios y educativos necesarios para evitar una quiebra social que condujera a los caminos de la radicalidad política. Tales planteamientos deben mucho a John Maynard Keynes, defensor de la intervención estatal en la economía de mercado. Todo ingreso, según el mismo, ha de emplearse para incentivar el consumo, como motor económico.

Sus planteamientos venían a contradecir algunos principios del liberalismo clásico, distintos a su vez de los sustentados durante el Antiguo Régimen, cuando los municipios concentraban muchas competencias económicas, de recaudación, licitación e inversión. En teoría, el rey las depositaba en municipios como el de Requena para proteger de las adversidades a sus vecinos, sus agradecidos súbditos. El paternalismo era evidente y en numerosas ocasiones servía para legitimar el manejo por la oligarquía de los recursos del realengo.

Las diferencias entre este planteamiento y el keynesiano son claras, al poner el centro de atención de su preocupación en lugares distintos: el rey y la ciudadanía, respectivamente. No obstante, el municipio requenense de fines del Antiguo Régimen contribuyó a la demanda agregada local de forma destacada, tanto por su volumen de gasto como por sus orientaciones, convirtiéndose en un notable factor económico, que no se debe de olvidar.

Entre 1783 y 1801, España pasó de los buenos tiempos de Carlos III a los atribulados de su hijo Carlos IV. La Gran Bretaña derrotada en la América del Norte amenazaba abiertamente el Imperio español en el Atlántico y en el Mediterráneo. La Francia revolucionaria imponía severas dificultades a su antigua aliada borbónica. Dentro del país, el reformismo había dado pie a un enquistado debate, más o menos abierto. Entonces el municipio requenense tuvo que responder a las exigencias de la burocracia real, del mantenimiento de las infraestructuras y de la asistencia social. Las partidas de los gastos extraordinarios comunes, consignadas en sus libros de contabilidad, nos permiten apreciar su capacidad de gasto a lo largo de aquellos años.

El grueso de tales dispendios acostumbró a cargarse sobre los ingresos de los bienes de propios, con los que se atendió a los capítulos asistenciales (traslado de criaturas expósitas a Valencia o manutención de los presos), la realización de distintas obras como el arreglo del conducto del desaguador del pozo de nieve y los imperativos oficiales de conducir a los mozos quintados a Cuenca, corregir a los vagos, el reparto de la carga de los utensilios o la confirmación de los privilegios locales.

Sobre las rentas se asignaron gastos fiscales. De sus datos de 1783-91 en reales, se desprende con claridad que la administración tributaria distó de ser barata:

1783	108.215
1784	10.216
1785	10.380
1786	107.214
1787	51.347
1788	172
1789	25.957

Entre 1787 y 1805, el montante de los impuestos de las rentas provinciales castellanas subió de 83.800 a 130.934 reales. Si las exigencias de las alcabalas se elevaron en un 44%, las de los cientos y los millones lo hicieron en un 54%. La Monarquía española se vio comprometida en los conflictos de la Revolución y el Imperio y los municipios volvieron a asumir severas cargas administrativas. Todo esfuerzo tributario, como hemos visto, implicaba un aumento de los gastos recaudatorios, lo que detraía riqueza de otros objetivos. El descenso de los fondos dedicados a los dispendios extraordinarios fue clara:

Años	Media
1783-99	37.727
1790-96	27.297
1797-01	21.237
1802-05	20.453

 Con un 46% menos de dinero, el vecindario pudo recibir una asistencia sensiblemente menor, por vía directa de ayuda o indirecta de encargos a alarifes u otros profesionales. Según un informe municipal, los 319 vecinos pobres de 1786 se convirtieron en 1805 en 868, casi el 40% de la población local. Paralelamente, los considerados pudientes bajaron de 661 a 221.

En suma, la combinación de modestas asignaciones sociales y de acrecentada presión fiscal agravó la crítica situación de las gentes, descubriendo las limitaciones del Estado del Antiguo Régimen, una delicada herencia que pasaría a los regímenes liberales.

Fuentes.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

Expedientes de formación del encabezamiento y de los frutos civiles, 4726.

Libro de propios y arbitrios de 1783-01 (3532) y de 1802-22 (2415).