Las controversias religiosas a comienzos del siglo XX.

En 1900 la Iglesia Católica había extendido sus misiones por una buena parte del mundo, pero en el Viejo Mundo, en la Europa donde el cristianismo romano había tenido tanta importancia histórica, se encontraba en entredicho. En ciertos Estados liberales, como la III República francesa, se cuestionaban abiertamente algunos de sus institutos por considerarlos contrarios al espíritu de la nueva época. La Iglesia era, en esta visión, algo anacrónico a superar, contrario al progreso humano entendido todavía en términos decimonónicos.

La polémica religiosa y anticlerical pasó a la España convaleciente del Desastre del 98. Antes de la mayoría legal de edad de Alfonso XIII, el 17 de mayo de 1902, el gabinete liberal presidido por Sagasta vio con preocupación la afluencia de religiosos franceses a nuestro país. Tomó como referencia la Ley de Asociaciones de 1881, en consonancia con el Concordato de 1851, para frenarla, y el 19 de septiembre de 1901 emitió el Real Decreto de Asociaciones Religiosas. El Partido Liberal había tomado en su formación grupos de tendencia anticlerical, procedentes del antiguo Partido Demócrata, y algunos de sus críticos sostuvieron que su diferencia con el Partido Conservador con el que se turnaba era tan epidérmica que se servía de su crítica a la Iglesia para disimular su conformismo y servicio al sistema.

La actitud de los liberales no flotaba sobre un vacío, ya que los grupos republicanos y los de tendencia socialista, fuera marxista o ácrata, compartían en diverso grado su repudio por el papel de la Iglesia Católica.

La enconada situación de la ciudad de Valencia.

Las protestas anticlericales habían adquirido notoriedad en diversas ciudades españolas, en consonancia con las críticas al sistema de la Restauración. En la capital valenciana cobraron una particular relevancia de la mano de los triunfantes republicanos acaudillados por el carismático Vicente Blasco Ibáñez, que se alzaron con el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 1901.

Blasquistas y clericales se enfrentaron con dureza. Se acusó a un escolapio de matar a golpes a un niño al que impartía clases. Las demostraciones de ira popular se hicieron visibles, y el carlista Llorens consideró insegura Valencia. La celebración del Carnaval de 1902 planteó además agrias polémicas, que llegaron a inquietar seriamente al gabinete de Sagasta. Al frente del Gobierno Civil se puso al férreo Enrique Capriles ante la amenaza de desbordamiento de la autoridad.

Los liberales de Requena.

 En la Requena coetánea había echado raíces un grupo de liberales, en la órbita del Partido dirigido por Sagasta, que se complacía en presentar a la localidad como campeona contra el denostado carlismo, asociado no sin abuso a la vecina y rival Utiel. El final de la III Guerra Carlista no se encontraba generacionalmente tan distante, pues personas como Fidel García Berlanga todavía evocaban recuerdos de sus tiempos mozos al respecto.

Entre aquellos liberales se encontró el regidor síndico Joaquín Ferrer, en buenas relaciones con el diputado Javier Lamo de Espinosa, que abogaba por el establecimiento de la Estación Enológica. Remigio Maciá y Cruz Laguna se sumaron a sus posiciones.

La procesión de San Pedro y San Pablo.

El domingo 29 de junio de 1902, día de los apóstoles mártires San Pedro y San Pablo, recorrió una procesión las calles más céntricas de Requena con el permiso municipal. Fuerzas de la Guardia Civil fueron destinadas a su custodia, a la que también se sumaron las de los guardas y dependientes del cobro del impuesto de los consumos.

Aquel día, por licencia, el alcalde se encontraba ausente de la localidad. Los liberales expresaron su indignación en el pleno municipal al considerarla contraria al prestigio de una población tan liberal como Requena, precisamente en un tiempo de exaltación de la procesión cívica en honor del coronel Albornoz, defensor de la localidad durante la I Guerra Carlista.

El debate en el pleno municipal.

 El 5 de julio, entre otros puntos, se abordó al tema con el alcalde ausente. Joaquín Ferrer censuró la procesión, manifestación católica que encontraba improcedente. Se decía respetuoso de todas las creencias, pero no acataba aquéllas y protestaba por exteriorizarse el culto católico.

Remigio Maciá se adhirió a sus palabras. Preguntó a la presidencia municipal por qué se había traído tanta Guardia Civil a Requena, y si la había reclamado el alcalde o enviado el gobernador. También deploró que los guardas de los consumos abandonaran sus deberes, que dejaba desprotegidos los campos ante las talas y la caza ilegal.

El teniente alcalde Cipriano Rodríguez le contradijo, pero Cruz Laguna se adhirió al parecer liberal. Como pintaban bastos, Eusebio Iranzo trató de cortar el tema con el pretexto de no estar presente el alcalde, con un Joaquín Ferrer que volvió a la carga.

El tema se dejó para la sesión del 10 de julio de 1902, cuando el alcalde se defendió personalmente de las alusiones. Dijo seguir lo dispuesto por el gobernador civil para evitar problemas. Remigio Maciá plegó velas y Joaquín Ferrer moderó entonces sus ímpetus.

La polémica se disolvió entonces como un azucarillo, pero la controversia a propósito del protagonismo de la Iglesia Católica en la vida pública estaba llamada a perdurar durante muchos años.

Fuentes.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA, Actas municipales de 1902