La aplicación en el siguiente curso de 2020-21 de la Ley de Plurilingüísmo (la Ley 4/2018 de 21 de febrero) en los centros de educación secundaria y de formación de adultos de la Comunidad Valenciana ha levantado un gran revuelo en nuestra comarca, que dispone de la exención de la asignatura de valenciano, que es cursada por el alumnado cuyos responsables legales lo consideran oportuno. Por propia voluntad, podía estudiar otras asignaturas en lengua valenciana. El principio de libre elección ha sido respetado para las gentes de una tierra que tiene el castellano como lengua propia y parte de su patrimonio cultural desde Alfonso X el Sabio. La misma Ley considera que “la lengua propia de un territorio es precisamente la base más positiva y exitosa para la formación bilingüe”. En el caso de nuestra comarca, el castellano, pues.

Con todo, la Ley considera el valenciano como lengua propia de la Comunidad Valenciana, sin conceptuar el castellano de tal manera, encajando de forma indirecta su impartición en el aprendizaje de lenguas de comunicación internacional, al modo del inglés.

A los reparos de principio, se podrían sumar una serie de problemas de aplicación de la Ley, si seguimos lo consignado expresamente en la misma.

Al aplicarse a todos los alumnos la misma distribución del tiempo curricular en cada una de las lenguas vehiculares, implanta teóricamente el valenciano en asignaturas troncales de alumnado castellano-hablante que no estudia ni ha estudiado la asignatura de valenciano por disponer de la exención legal, reconocida a nuestra comarca legalmente. Según la Ley se debe aplicar a todos los niveles de formación secundaria para el curso 2020-21, por lo que tal celeridad, recogida en la Ley, ha provocado alarma entre alumnado y familias, que no han entendido la necesidad ni la oportunidad de la misma.

Ante las protestas (como las concentraciones que tuvieron lugar en Requena y Utiel el 18 de enero), responsables de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se han mostrado en medios de comunicación más flexibles y han accedido a que las asignaturas en valenciano sean del tipo de Educación Física (con claro menosprecio por las mismas, como si de las viejas Marías se tratara), implantándose en el curso 2020-21 solo en el primero de ESO. La asignatura de valenciano sería cursada sin ser examinada para cumplir el principio de exención. Tales estudiantes serían más bien oyentes.

A la aplicación de tal programa se mostró favorable el secretario autonómico de Educación Miguel Soler en las reuniones informativas del 23 de enero en Requena y Utiel. Se suavizan ahora de palabra ciertos detalles para hacer aceptable el principio de la Ley, cuyo preámbulo se muestra insatisfecho con el uso social del valenciano a pesar de contar con instituciones, medios de comunicación y una importante comunidad de hablantes que lo emplean sin restricciones legales. Curiosamente, ahora también se acepta que se responda por escrito en castellano en asignaturas que no sean el mismo valenciano, por mucho que se hable de persistencia de situación de diglosia y del valor que tiene el dominio de la expresión escrita en el aprendizaje de una lengua.

No obstante, la Ley se propone inequívocamente la promoción del valenciano (por mucho que se desee rebajar el alcance de la misma) y marca un mínimo del 25% del tiempo educativo en valenciano, junto a un 25% en castellano y un 25% en inglés. También aquí ha habido matización en el porcentaje asignado al valenciano, al calor de las protestas. En el porcentaje, además, entraría también la misma asignatura de valenciano, con las condiciones apuntadas. Más parece buscarse, casi desesperadamente, la aceptación social de la Ley, con todas sus implicaciones futuras, que la de dignificar el aprendizaje de lenguas. No resulta extraña la perplejidad de las familias ante tal plurilingüismo, considerándose por algunos un simple engaño.

Contra viento y marea, el preámbulo de la Ley se mantiene, con su clara apelación a la potenciación del valenciano en toda la Comunidad, sin distingos territoriales. Como cada cuatro años, al menos, se establece la revisión del proyecto lingüístico de centro, que recoge las condiciones específicas de cada uno, cabe la posibilidad que el castellano sea progresivamente desplazado en el sistema educativo de nuestra comarca, en consonancia con otras de la Comunidad Valenciana, en cuestión de una década y media, por mucha suavidad que ahora se intente demostrar, vistas las circunstancias.

Aunque los proyectos lingüísticos de cada centro dejan en manos de sus consejos escolares su aprobación final, se impone de entrada en la Ley  la obligatoriedad de cursar un 25% de valenciano sin haberse previamente hablado sobre su idoneidad con las AMPAS por parte de la administración educativa autonómica. Se prescinde así de la implicación, recogida por la misma Ley, de toda la comunidad educativa y otros agentes sociales en comarcas castellano-hablantes, reacias a aceptar los planteamientos propuestos.

De no aprobarse por los consejos escolares ningún proyecto lingüístico con estas condiciones, la administración impondrá uno de oficio, diciendo atender a las circunstancias locales que no ha aceptado anteriormente. Tal forma de proceder es más imperativa que dialogante.

El valenciano, es cierto, padeció marginación en el pasado por parte de poderes que de democracia no entendieron apenas, pero no es justo que los actuales castellano-hablantes de la comarca carguen con una culpa histórica de la que no son responsables, como ya recordó la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983. Hoy en día instituciones y medios culturales y de comunicación realizan una buena labor a su favor: no tiene ningún sentido enturbiar un uso atractivo del valenciano con ademanes autoritarios que no corresponden a nuestro tiempo. Toda imposición, por otra parte, conlleva un lógico rechazo que conduce a perjudicar el uso y aprecio del valenciano por aquellos que no lo tienen como lengua materna.

Nuestra comarca es castellano-hablante desde el siglo XIII y el estudio en lengua valenciana debe de ser optativo para las personas que así lo crean oportuno, sin imposiciones. Se tiene todo el derecho de reclamar una línea en valenciano, según criterios y aspiraciones individuales muy respetables, pero no a ir imponiéndolo progresivamente en nuestra comarca, desplazando al castellano paulatinamente. Primero en materias que se consideran poco discursivas como la Educación Física y más tarde en aquellas vistas como más severas, como las Matemáticas.

La misma Ley, que reconoce el valor de la lengua propia, sostiene asimismo que “el restablecimiento del uso social de las lenguas y la corrección de los desequilibrios sociales y territoriales tienen que servir para vertebrar la sociedad valenciana en conjunto, profundizar en las diversas variedades lingüísticas y promover el respeto a la identidad plural.” Bien está que se ofrezca una línea de valenciano para alentar las oportunidades de las personas de la comarca, pero no que se infravalore el castellano, a día de hoy una de las lenguas más habladas del mundo, con considerables posibilidades de todo tipo.

Ir relegando el castellano tendría también consecuencias negativas para nuestra comarca dentro del conjunto de la Comunidad Valenciana. Nuestra Escuela de Viticultura y Enología perdería alumnado, que buscaría otros destinos, al no proceder un buen número de la misma Comunidad Valenciana, algo que perjudicaría nuestra viticultura, nervio económico de una comarca aquejada por severos problemas de despoblación. En este caso, el aprendizaje del valenciano funcionaría como un medio para despoblar más de jóvenes nuestra comarca en beneficio de otras, agravando los problemas de desequilibrio, según trata de corregir la propia Ley, y mermando la identidad plural valenciana. Nuestra comarca merece un respeto.