He leído con interés el artículo de Miguel Guzmán Muñoz acerca de la compra, a mediados del siglo XIX, del antiguo convento de San Francisco por unos próceres requenenses y su posterior cesión para convertirlo en establecimiento hospitalario, pues el edificio de la calle del Carmen, donde se encontraba el Hospital de Caridad, se hallaba en un estado lamentable.
Casualmente acabo de finalizar un trabajo acerca de la desamortización en Requena, en el que hago una reseña de la venta del edificio conventual durante este proceso, del que me llamó la atención la confusión sobre quiénes fueron realmente sus compradores.
Otro asunto que comento en ese estudio es el cambio estatutario que se produjo el año 1881 que condujo a la creación del Hospital de Pobres, que no sólo fue una modificación del nombre de la institución, sino también de su administración y control, y que estuvo a punto de costarle una segunda desamortización.
LA DESAMORTIZACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO.
Sobre el primer asunto, el proceso de desamortización, compra y transformación del antiguo convento de San Francisco en hospital, la información publicada sobre esta cuestión no nos ha permitido, al menos hasta ahora, conocer con precisión cómo se produjo. Como bien nos dice el administrador del Hospital en su artículo: se hace necesario aclarar “ciertos mitos populares”; otra cuestión es si lo conseguiremos.
La confusión, al menos la nuestra, se produce porque don Rafael Bernabeu, nuestro principal informador sobre este asunto, nos dice en una de sus anotaciones que el edificio conventual fue comprado por unos requenenses para ser cedido al hospital; por el contrario, en otra relación apunta a que fue comprado por el Ayuntamiento a don José María Penén en 7.650 reales, con el mismo fin. (Bernabeu, 1983. Pág. 543). La escritura de donación a favor de la Junta de Beneficencia que aporta Miguel Guzmán en su artículo, refrenda la primera versión que dio don Rafael.
¿Por qué un asunto tan simple como la compra de un edificio aparece explicado de dos maneras diferentes? Sin dudar de la buena fe de los adquirentes, nuestro “error” (y el de don Rafael) se debe a que lo que expone la escritura de donación y lo que dicen los libros de Acuerdos del Ayuntamiento sobre este asunto es diferente, como vamos a tratar de explicar a continuación.
En una de las actas del Concejo del año 1843, la del 10 de febrero, el Ayuntamiento acuerda, “por creerlo conveniente”, adquirir el convento de San Francisco. El edificio conventual iba a ser subastado, al estar incluido entre los bienes del clero regular que deberían enajenarse en la desamortización de Mendizábal. En la misma acta se dice que don José María Penén haga la solicitud pidiendo la subasta de dicho convento por cuenta del Ayuntamiento (sic). Se debe aclarar que el Sr. Penén era auxiliar (empleado municipal) del Secretario de la Corporación. (Libro de Acuerdos, Signatura 2728).
En otra acta posterior se cita la carta que don Antonio Mediamarca, procurador y representante del Consistorio requenense en Cuenca, y conocido intermediario de numerosas compras de bienes desamortizados en la provincia, remitió al Ayuntamiento comunicándole que: “el convento suprimido de San Francisco fue subastado el día 10 del presente habiendo fincado a su favor por la suma de 8.000 rl. v. y que ha cedido a favor de don José María Penén en cumplimiento de las órdenes que le tienen comunicadas”. (Acta de 16 de mayo de 1843). Cuando dice a su favor, se refiere al Ayuntamiento que es a quién remite el oficio.
Por último, en otra acta, con fecha de 18 de agosto del mismo año, consta una solicitud de don Antonio Mediamarca de 800 rl. vn. para pagar el edificio del convento (primer plazo) que ha sido cedido a su favor. La reclamación se hace al Consistorio, no a ninguna persona en particular.
¿Pudieron entonces, unos requenenses planificar y hacer la compra del convento por medio de un empleado del Ayuntamiento (un testaferro) para cederlo, siete años después, a la Junta Municipal de Beneficencia? Es posible, pues la mayoría de los que aparecen en la escritura de cesión tuvieron una relación muy estrecha con el Consistorio y todos fueron, en algún momento, regidores y alguno alcalde. Si existía esa intención, ¿por qué no lo compraron estos señores directamente? Como he comentado, el Sr. Mediamarca hizo de intermediario en muchas compras de particulares en la provincia, cualquiera hubiera podido pedir su intermediación en la subasta.
Los rumores permiten establecer otras hipótesis, también probables. Debemos fijarnos en las fechas en las que se produce la compra y la cesión. El edificio se compró durante la Regencia de Espartero, con un gobierno de liberales progresistas que proclamaba repetidamente su intención de extender la desamortización a todos los bienes de manos muertas, incluidos los de Propios y Beneficencia. No descartamos que el Concejo, para evitar una segunda enajenación del convento, hubiera decidido ocultar todo el tiempo que le permitía la ley, el nombre del verdadero comprador. La cesión del edificio al Hospital de Caridad se hizo siete años después de su compra, cuando la desamortización estaba paralizada gracias al retorno de los moderados al poder. Eso podría explicar la utilización de un testaferro (un empleado del Ayuntamiento) y el que los pagos fueran satisfechos por el Consistorio, como dicen las actas.
Por eso decimos que el proceso de compra es confuso, deja dudas y ha permitido el desarrollo de rumores, esos “mitos populares” que hemos comentado anteriormente.
Creo que éste es el origen de la “confusión”, la de Bernabeu y la nuestra también. El relato de la compra del edificio conventual se basa en dos fuentes contradictorias: el documento de cesión que nos ha mostrado en su artículo Miguel Guzmán y las actas del Concejo que se guardan en el Archivo Municipal, y que no explican el proceso de compra de la misma manera.
DE HOSPITAL DE CARIDAD A HOSPITAL DE POBRES.
El segundo punto al que nos hemos referido es el cambio estatutario que convirtió el Hospital de Caridad en Hospital de Pobres.
El antiguo Hospital de Caridad era una institución que desde su creación estuvo bajo el control de la Iglesia, como era normal en la mayoría de las instituciones benéficas en el Antiguo Régimen. En un principio estuvo a cargo de los frailes del Convento del Carmen, pero su relación más duradera fue con la Parroquia de San Nicolás.
Las revoluciones liberales del siglo XIX trajeron cambios en el gobierno de las instituciones de beneficencia e instrucción, que pasaron a estar administradas y controladas por los municipios y las Diputaciones Provinciales. Para cumplir las disposiciones de la nueva ley, se constituyó en Requena la Junta Municipal de Beneficencia, cuyo presidente era el alcalde. Uno de sus vocales era el párroco de San Nicolás, por lo que mantuvo su vinculación “inmemorial” con esta institución.
La Iglesia no aceptó los cambios que reportó el nuevo régimen, uno de los más importantes fue la desamortización de bienes de manos muertas, especialmente cuando afectó al clero secular. En la desamortización de 1820-1823 y en la primera fase de la de Mendizábal (1836-1841), no sólo no se opuso, sino que algunos de sus miembros compraron numerosas propiedades del clero regular. En diversas actas del Concejo de estos años (1854, 1855…) se revela el desencuentro del cabildo eclesiástico y los regidores requenenses.
Después del paréntesis revolucionario de 1868 se produjo la Restauración Borbónica (1875). Entre sus valedores se encontraban el ejército, la Iglesia, la aristocracia y la burguesía más conservadora. Los moderados, ahora con el nombre de conservadores, retomaron el poder. Era el momento de legitimar el patrimonio conseguido gracias a la revolución.
Aprovechando una coyuntura política más favorable a sus intereses, el clero local quiso recobrar la posición preeminente que tuvo durante el Antiguo Régimen en la sociedad requenense. Recuperar la administración del Hospital de Caridad era un objetivo primordial. Con este fin, el año 1881 se creó la fundación Hospital de Pobres.
No había otra razón que justificara el cambio de gobierno en esta institución. El hospital no estaba en una situación caótica, ni tenía problemas económicos que impidieran atender sus obligaciones. Desde que se realizó la desamortización de sus bienes, la situación del Hospital había mejorado año tras año, como reconoce la Junta Local en un oficio que remitió a la Diputación Provincial:
“Hacía algunos años que los rendimientos de los bienes del hospital reducidos al arrendamiento en especie de fincas de secano eran casi nulos. La distribución, apenas llevaba ninguno de los objetos que un establecimiento de la especie del que se habla debía proporcionarse”. El dinero se consumiría en reparaciones del edificio del Hospital, contribuciones, etc.… que absorbían las escasas rentas. (Los gastos de personal del año 1861 ascendieron a 900 rl. vn. A.D.P.V. Beneficencia, Caja 24)
… “vino a ponerse en práctica la última ley desamortizadora, y el deseo de fincas, desarrollado en este país como en el que más, fue causa de que las fincas del Hospital vendidas por el Estado, produjeran lo suficiente para formar una inscripción, cuya renta anual se elevaba a 27.000 rs. vn.” (A.D.P.V. Caja 23. Año 1863).
Para su funcionamiento los administradores (el Hospital de Pobres) contaban con las rentas que le producían las láminas del Estado (por efecto de la desamortización), el edificio hospitalario y el legado que el matrimonio Cuartero-Moral donó a su muerte. El nuevo Reglamento reconocía como “Patrono único” al Párroco de San Nicolás.
El cambio estatutario estuvo cerca de costarle a la Fundación la enajenación de los bienes del legado que el matrimonio Cuartero-Moral dejó al Hospital a su muerte, pues según la Ley de Desamortización de 1855 (estuvo en vigor hasta el año 1924), las instituciones de beneficencia no podían tener propiedades.
El año 1897 la denuncia de un particular puso en marcha (de nuevo) el proceso desamortizador. Todas las propiedades fueron tasadas y ocupadas por el administrador de Bienes del Estado. Gracias a la presión del Consistorio, que advirtió al Gobernador Civil de que podían producirse gravísimos problemas de orden público si se llevaba a cabo la enajenación, pudo detenerse en el último momento.
En las actas de esos años se entrevé en las opiniones de algunos ediles, que el cambio estatutario había generado dudas y algunas críticas. Se culpaba de lo sucedido al párroco de San Nicolás (había otras denuncias anteriores), por su empeño en convertir la antigua institución en una fundación que modificaba su constitución inicial, apartándola, como dice uno de los ediles, del control de la Junta Municipal de Beneficencia. Lo criticaban también, por no haber vendido los bienes del legado Cuartero-Moral, permitiendo la denuncia que pudo terminar en su desamortización. Según la opinión de estos ediles, con la venta se hubiera podido comprar una lámina de deuda del Estado y con sus rentas, y las que ya obtenía de la desamortización de los bienes del antiguo Hospital, cumplir sobradamente sus fines asistenciales. (A.M.R. Libro de Acuerdos. Signatura 2797. Año 1897).
Lo que pudo pasar si no se hubiera hecho esta modificación no lo sabemos y a los historiadores no nos está permitido hacer razonamientos contrafactuales.
Lo que sucedió después es conocido: el año 1895 las Monjas de la Consolación se hicieron cargo del cuidado de los enfermos, cumpliendo con los objetivos asistenciales para lo que fue fundado. Estuvo abierto hasta finales de los años 60.
El hospital no atiende actualmente a los pobres de Requena y su patrimonio es administrado por la fundación. Entre sus bienes se encuentra el edificio del convento de San Francisco, recientemente restaurado, y la mayor parte del legado que recibió del matrimonio Cuartero-Moral, al que se han sumado otros.