¿Una Castilla carente de mordiente social?

En la Castilla del siglo XVI nunca se cuestionó en el fondo el orden jerárquico de la sociedad, como tampoco en el resto de la Cristiandad. Ciertamente la reforma protestante alentó la protesta con formas religiosas y selló el destinó de la Iglesia católica en muchos países, pero tampoco concibió una comunidad sin distinciones. Incluso en la Nueva Jerusalén de Münster, el Mesías de los Últimos Días que prometía enormes riquezas a los pobres se rodeó de una lujosa pompa principesca entre 1534 y 1535, antes de caer abatido por sus enemigos.

El fracaso del movimiento comunero y la falta de aceptación general del reformismo religioso pueden llevar a concebir una Castilla carente de toda inquietud social, capaz de sepultar el viejo espíritu de la caballería villana de la Edad Media.

 Sin embargo, el teatro de Lope de Vega, que tanta aceptación cosechó en los concurridos corrales de comedias, nos transmite una idea diferente, como supo apreciar con tanta agudeza Noël Salomon. En Peribáñez y el comendador de Ocaña y Fuenteovejuna, aparecidas entre 1605 y 1614, Lope de Vega nos presenta unos tipos humanos tan determinados como celosos de su honor, unos pecheros que no retroceden ante las injusticias de los privilegiados y que al final reciben la aprobación del rey, una de cuyas máximas atribuciones es impartir justicia. El Fénix de los Ingenios se inspiró en las Crónicas de las órdenes militares castellanas de Francisco de Rades y Andrada, obra aparecida por vez primera en Toledo en 1572, cuando el patronazgo real sobre aquéllas ya se encontraba bien asentado. Frente al comendador arrebatado, el monarca garante de las leyes y privilegios: la protesta se metabolizaba en beneficio del autoritarismo.

El delicado arbitraje del rey.

Precisamente el autoritarismo o cesarismo real tropezó en Castilla con los variopintos derechos de los grupos de una sociedad de órdenes, pese a que sus Cortes carecieron finalmente de la fuerza fiscalizadora de las de los reinos aragoneses.

 En un largo y enrevesado pleito entre fieles vasallos, el monarca no podía saltarse sus privilegios, que él mismo había confirmado, ni malquistarse inútilmente sus voluntades. Para actuar como Salomón se fortaleció la Real Chancillería de Valladolid, se instauró al final en 1505 una nueva para los territorios al Sur del Tajo y se pidió en Cortes en 1563 establecer otra en Toledo.

Los pleitos inacabables con sus puntillosos detalles comenzaron a menudear en nuestra vida pública. Los castellanos los pagaron con creces, a cuenta de sus fondos de propios en muchos casos, y confiaron más en recurrir a la justicia del rey que a la que pudieran procurarse por sí mismos. Las banderías locales entraron no sin cierta dificultad por la vía de las parcialidades municipales que invocaban la ley y la aprobación regia.

Ahora bien, ¿qué sucedía cuando se protestaba contra un reparto injusto de los tributos, incluso para aquella sociedad de privilegios fiscales? ¿Cómo se penaba el desfalco de fondos? ¿Cuál era la reacción de una monarquía que cada vez pedía más a sus contribuyentes y que se apoyaba en las oligarquías del territorio? El estudio de Requena nos proporciona algunas respuestas a unas cuestiones ilustrativas de la reclamación de justicia social bajo los Austrias mayores.

La denuncia de los círculos oligárquicos.

El episodio de las Comunidades dejó un gusto amargo en la monarquía, que salvó su autoritarismo con la colaboración de importantes grupos de la alta nobleza y de los hidalgos, temerosos de la deriva del movimiento. En Requena la Comunidad se había enfrentado con los caballeros de la nómina. No obstante, figuras como Luis de la Cárcel se alinearon con aquélla.

 El nuevo gobierno real de Carlos I se apoyó en el círculo de los Mendoza en estas tierras tan cercanas al reino de Valencia, que había experimentado la conmoción de las Germanías, y en familias particularmente adictas, como la de Miguel García en Requena.

Con el paso de los años, el llegado de los Países Bajos don Carlos fue visto cada vez más como rey por los castellanos. Entonces la base social de su autoridad se amplió al lograr un mayor consenso y los servidores de la postguerra empezaron a ser un estorbo.

El 15 de abril de 1527 se recogieron las quejas del vecino Juan Montés contra los herederos de Miguel García, el patriarca de una familia acusada de corruptelas. Las acciones de sus hijos el licenciado Pedro, el mayordomo Juan y Catalina, casada con Francisco de Moya, se pusieron en entredicho. De seis a cinco años se hacían muchos repartimientos de impuestos entre los vecinos y moradores requenenses y los García tuvieron que presentar las cuentas de su gestión de los propios. Al tolerar este tipo de denuncias, la monarquía podía acentuar la presión fiscal.

La exigencia de una mayor equidad tributaria.

Bajo Felipe II Castilla prosiguió tan comprometida por la guerra como en tiempos de su padre Carlos V, exigiéndose nuevas contribuciones que poco beneficiarían a su estructura económica a medio plazo.

Los privilegios de los caballeros de la nómina no fueron bien vistos por parte del vecindario. Precisamente el 7 de junio de 1563 el procurador de los buenos hombres pecheros, Hernán López de la Coba, pidió información al corregidor y al ayuntamiento sobre el estado en la Real Chancillería de Granada del pleito de tales caballeros. La misión de este procurador pasaba por encargarse de evitar los fraudes en los repartimientos fiscales.

El 12 de febrero de 1564 el mismo rey Felipe II dio acogida a las quejas vecinales sobre el mal reparto de los pechos y servicios. Según los recordados capítulos de las Cortes de 1537 cada una de las tres pecherías debería de nombrar dos representantes para ajustarse a la riqueza real de los contribuyentes. Los procuradores del común y los hombres buenos deberían ser partícipes de las gestiones para evitar fraudes, una aspiración que distaría de cumplirse.

 El intento de implantar una administración más honrada.

 Toda reclamación de justicia ante las malas acciones de los poderosos debería de ser respaldada por el representante del rey en el municipio, el corregidor, que a lo largo del siglo XVI distó mucho de ser una figura mayestática. Enredada en las disputas entre las parcialidades, que aprovechaban con astucia las declaraciones de los juicios de residencia, su acción quedaba muy mermada en distintas ocasiones.

Para remediar los excesos, se estableció el 31 de julio de 1564 el nombramiento de un juez de residencia junto al mismo corregidor por la laboriosidad de las averiguaciones que impedían hacer correctamente los enjuiciamientos.

Precisamente el juicio de residencia debería de insistir, a 3 de diciembre de 1564, en la inspección de las contabilidades de propios y arbitrios y del pósito, en una época en que bajo el gobernador del marquesado de Villena se encontraba tanto el corregidor de Requena y como el de Utiel.

El referente legal y moral.

En 1583, con motivo del juicio de residencia del corregidor Lorenzo de San Pedro, se produjeron alteraciones del orden público, en la que se atisbó la sombra de la Comunidad.

La monarquía no anduvo lenta en la respuesta. En 1584 estableció la junta municipal del pósito, en 1586 desproveyó de la cabeza del corregimiento a Requena y en 1589 se recordó que la justicia debía de guardar los buenos usos y las costumbres de Castilla. Un tiempo nuevo pareció abrirse en Requena, no tan dictado por los oligarcas.

El mediocre resultado.

Sin embargo, la nueva administración municipal se limitó a cumplir sus compromisos fiscales y a exigir el acatamiento de los privilegios de la villa. Los hidalgos pronto reclamaron su lugar y el rey pronto comenzó a pedir un dinero demasiado costoso de pagar. La reclamación de justicia quedó en la reclamación de una administración honesta y la proverbial justicia del monarca en gesto teatral.

Fuentes.

                ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

                Documentos 10.058, 11.527, 11.630,

                Provisión 6177.