Aspiraciones e imperativos de la revolución liberal.

Los liberales quisieron cambiar la sociedad y acomodarla a los principios de libertad y de felicidad que se venían gestando desde la Ilustración, pero su empeño no se pudo hacer por medios pacíficos ante la resistencia de las fuerzas partidarias del Antiguo Régimen. En España la revolución liberal supuso una serie de enconados enfrentamientos desde 1814 hasta 1843, al menos. Para combatir a los partidarios de don Carlos, organizados en varios territorios en escurridizas y correosas partidas, los liberales tuvieron que movilizar quintas de 50.000 hombres en medio de una espantosa situación hacendística. Los desastres de la guerra arrojaron muchos muertos y heridos por causas que fueron más allá de los combates. La pobreza golpeó a la puerta de muchas familias. Ante tales males los liberales no quisieron pasar por insensibles a los sufrimientos de la nación e intentaron articular medios de atención asistencial y sanitaria.

A diferencia del actual sistema gestionado por el ministerio del ramo con la activa asistencia de los departamentos autonómicos, dotado con dinero procedente de los impuestos del Estado, los hospitales de pobres tutelados por instituciones eclesiásticas con el beneplácito municipal más o menos explícito se encargaban de atender a los más menesterosos con fondos propios provenientes de donaciones piadosas, censos y tierras, que en numerosas ocasiones acreditaron ser insuficientes. Enfrascados en una tortuosa e insatisfactoria reforma fiscal y defensores del poder municipal para alcanzar todos los rincones del territorio nacional, los liberales de la primera guerra carlista no se plantearon crear un sistema como al actual, pero sí la plena asunción por los ayuntamientos de las competencias sanitarias y asistenciales bajo la supervisión de las flamantes diputaciones provinciales. Católicos convenidos muchos de ellos, los liberales españoles de la época no se propusieron acabar con la Iglesia, sino someterla a su modelo social. Con un hospital de pobres en quiebra económica, al igual que el necesario pósito, los liberales requenenses intentaron remontar tan enojosa situación a partir de 1838.

La nueva autoridad pública.

En agosto de 1836 la reina regente María Cristina tuvo que aceptar la Constitución de 1812 y las Cortes constituyentes de octubre de 1837 alumbraron un nuevo ordenamiento supremo, en el que los progresistas intentaron conciliarse con los moderados y la Corona. Su decimoprimer título establecía el patrón de la organización territorial del Estado. Se establecían las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para el gobierno interior de los pueblos.

Entre el 28 y el 30 de agosto de 1838 el jefe político de la provincia de Cuenca, Antonio de la Escosura, visitó Requena. Consideró que su huerta reuniría las prendas de las de Valencia, Murcia y Granada si reformaba su sistema de distribución del riego. Auspició la creación de dos juntas de gran importancia, la de riegos y la de beneficencia. Esta última complementaría las tareas de un ayuntamiento desbordado por los gastos militares contra los enemigos de la libertad, pues desde el 27 de octubre de 1835 asumió las funciones de la junta de fortificación y defensa nombrada en concejo abierto.

El 31 de agosto de 1838 se nombraron sus integrantes. El alcalde primero Dionisio Sánchez la presidiría con la asistencia del regidor Pedro Lorente. Se incluyó al párroco de Santa María, José Ortega, y a Joaquín María Ferrer. De la secretaría se encargó el presbítero Juan Antonio Ponce, de la contaduría Estanislao Montés y de las tareas de depositario José María Ibáñez. El médico y cirujano titular fue Matías González. El 5 de septiembre tuvo su primera reunión ordinaria, de la que expidió acta. Más tarde, el 22 de octubre, se nombró contralor a José Gimilio en calidad de administrador. Hasta el 11 de enero de 1839 no se hizo cargo la junta oficialmente del hospital de pobres, todavía en su emplazamiento cercano al Carmen, una vez desplazada la autoridad eclesiástica.

Los principios teóricos que animaron la junta.

La configuración de los cargos de la junta nos puede hacer pensar en una orientación eminentemente técnica, de gestión de unos recursos para conseguir unos determinados objetivos. Sin embargo, en sus actas se consignaron expresiones bien elocuentes al hilo de los problemas que se planteaban.

La junta atendía a la doliente humanidad, necesitada de auxilio. Sus actuaciones, por atrevidas que pudieran parecer, se hicieron en nombre de la miseria de tantos infelices, víctimas de la necesidad.

Bajo estas expresiones filantrópicas encontramos uno de los ejes de la antropología liberal, la de la posesión de bienes que otorgaba la felicidad. La intervención de los poderes públicos se circunscribía a restablecer la dignidad de las personas honradas y laboriosas caídas en la pobreza, según unas ideas que fueron madurando desde el siglo XVI.

El desplazamiento de la autoridad eclesiástica.

Según la providencia del Consejo de Castilla del primero de julio de 1799, el cura párroco de San Nicolás Benito Cuevas de la Fuente tenía derecho como patrono a nombrar el mayordomo del hospital de pobres, algo que el procurador síndico personero Guillermo Mata había tratado de impugnar en nombre de la autoridad municipal.

La revolución liberal, con el conocido episodio de las desamortizaciones, comportó más de un serio encontronazo con la Iglesia. Dentro del clero hubo diversidad de opiniones políticas, si bien a 1 de febrero de 1836 el ayuntamiento forzó la adhesión de las corporaciones eclesiásticas, pues individuos como el franciscano Prudencio Guillén tuvieron fama de desafectos a los liberales y de estar en buenas relaciones con el alcalde de Fuenterrobles José Antonio López, que fue voluntario realista.

La asunción del patronato por José Castro Otáñez no evitó que el 25 de septiembre de 1838 la junta de beneficencia reclamara los documentos justificativos, que se encontraban depositados en la casa del párroco de Santa María. Desde la junta se denunció morosidad a la hora de entregarlos.

Pronto la junta hizo uso de su autoridad y el 23 de octubre de 1838 se notificó con diplomacia a Manuel Ponce, con años de experiencia, su cese como mayordomo. La revisión de las cuentas del hospital hizo apreciar un error, con infidencias, en las de José Antonio Enríquez de Navarra, mayordomo desde 1805 a 1829 y con una destacada trayectoria detrás de él. Más allá de cuestiones contables, se trataba de una maniobra política, de afirmación de la nueva autoridad. A 12 de febrero de 1841 se requirió la presencia de sus familiares en las casas consistoriales.

Los vivos problemas de liquidez de la asistencia social.

La guerra contra los carlistas se libró en una Requena agotada tras muchos años críticos y de conflictos, al igual que otras localidades de España, con unos bienes de propios en las últimas. La tarde del 13 de septiembre de 1836 se celebró en El Salvador con un solemne Tedeum la victoria frente a los carlistas. De todos modos no había muchos motivos de celebración.

Frente a las partidas de don Carlos los liberales procedieron a hacerse fuertes en una serie de puntos como Requena, en una táctica muy similar a la aplicada en 1823 ante los realistas y los franceses enviados en su ayuda. Los carlistas no lograron hacerse con varias poblaciones a cambio de abandonarles una buena cantidad de terreno abierto y de extremar los gastos de guarnición y de fortificación cuando las arcas públicas se encontraban muy vaciadas de numerario. Una agotadora guerra de desgaste y de emboscadas se desarrolló entre las provincias de Cuenca y de Valencia.

Desde 1834 los balances de las cuentas del hospital entraron en números rojos: 301 reales en 1834, 198 en 1835, 5.666 en 1836, 9.643 en 1837 y 7.478 en 1838, lo que auspició la intervención municipal.

Pronto la junta de beneficencia se puso manos a la obra para constatar un panorama muy complicado. Se hizo inventario de los pocos bienes disponibles el 18 de octubre de 1838 y el 22 del mismo mes se expresó la más viva preocupación por el cobro de los censos y de las estancias hospitalarias de los militares. Los nueve enfermos encarcelados en las prisiones del castillo yacían en unas condiciones míseras el 2 de enero de 1839. Además, el 31 de marzo de 1840 se tuvo que afrontar el pago de la contribución civil ordinaria de 1839.

Las soluciones puntuales.

En manos de la junta no estuvo el hacer milagros, pero sí arbitrar algunas medidas con las que ir saliendo del mal paso. Se aprobó el 3 de enero del 39 una dotación de 2 reales diarios para cada preso y la necesidad de fondos y de limosnas se hizo apremiante.

 Se recurrió al apremio de treinta y tres censalistas morosos desde 1834 y al de los renteros Francisco Pérez-Duque (por 1.308 reales), Antonio Gómez (1.257), Antonio Calomarde (668), Nicolás Navarro (650), Antonio García (348) y Francisco Navarro (316).

El 13 de junio de 1839 se reclamó desde la junta los réditos del censo de 10.000 reales de capital al 3%,  adeudado por José Antonio Enríquez de Navarra, que contrajo a 29 de enero de 1830 en Cuenca, después de su salida de la mayordomía. Tras la consulta de su codicilo a 3 de octubre de 1840, se llegó a un acuerdo de pago el 6 de febrero de 1842 con sus familiares.

Con no poco sacrificio se lograron 11.482 reales para afrontar el pago de 6.538.

Los roces con los militares.

Tras la desconfianza mostrada por Fernando VII por los militares profesionales durante la segunda restauración absolutista, muchos de ellos terminaron abrazando alguna de las variantes del liberalismo por convicción y conveniencia. Los carlistas encontraron en ellos un escollo insalvable para alcanzar sus últimos propósitos.

Desde 1835 la nueva Requena quedó bajo la autoridad militar de la comandancia del cantón, con amplios poderes de supervisión más allá de la revista del batallón y del tercio de caballería. Aunque tuvieron que ser finalmente atendidos muchos de ellos en el hospital de pobres, con no escaso dispendio, los soldados tuvieron su propio hospital, sobre el que el comandante llamó la atención al ayuntamiento el 2 de septiembre de 1836 para mejorarlo ante la carencia de sábanas y otros efectos.

A 11 de abril de 1837 se estableció este hospital militar en el fuerte de San Francisco, ya desalojada su comunidad de religiosos, siguiendo una idea ya puesta en práctica por las fuerzas napoleónicas en 1812-13. Su situación no tuvo que ser nada favorable, ya que el 29 de abril de 840 se pensó en establecer un hospital militar provisional. Desde la comandancia hubo una sentida queja contra los civiles. Los defensores de la patria, los soldados del liberalismo, merecían hombres sensibles y generosos que supieran agradecer su sacrificio. De mentalidad civilista, reflejada en la milicia nacional, los liberales fueron perdiendo terreno durante la primera guerra carlista a favor de unos militares que acentuaron su protagonismo cuando intentaron solventar los problemas logísticos y sanitarios de sus hombres.

Nuevos horizontes de localización del hospital.

La desamortización deparó una gran cantidad de bienes rústicos y urbanos, como los conventos. El 29 de abril de 1840 se quiso reservar parte del Carmen para un pequeño hospital de 24 camas. También se pensó en convertir el convento en cárcel, aunque posteriormente alojaría las casas consistoriales. La ocupación de San Francisco como hospital de pobres sería un logro que se conseguiría en la siguiente etapa, la del emplazamiento contemporáneo final.

Fuentes.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE POBRES DE REQUENA.

Libro de cuenta y razón de 1802-03 a 1838 (tercer libro).

Actas de la junta de beneficencia de 1838 a 1880.

 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

 Actas de la junta de regantes, nº. 1281.

 Libro de actas municipales de 1831-39 (2729) y de 1840-43 (2728).