El próximo 24 de noviembre de 2018 tendrá lugar en el Teatro Municipal García Berlanga de San Antonio una magna Jornada de reflexión, estudio y participación ciudadana acerca de la despoblación, el acuciante problema de una gran parte del territorio español y que ya afecta a nuestra comarca, donde varios núcleos de población están experimentando una verdadera decadencia demográfica desde hace unos años, con todo lo que ello comporta.

La Jornada se propone elaborar un documento que permita actuar a las instituciones públicas, incluidas las de la Unión Europea, a la sazón muy inquieta por la negociación de salida del Reino Unido. En una Europa compleja, donde apuntan ciertos exclusivismos que pueden resultar perjudiciales, es bueno expresar un criterio firme.

España dispone ya de instrumentos legales, como la Ley para el desarrollo sostenible para el medio rural, promulgada el 13 de diciembre de 2007. Sus propósitos son loables, pero a 12 de mayo de 2017 el Foro de Acción Rural exigió su reactivación. Es muy necesaria una mayor dotación presupuestaria, y la debida actualización de los diagnósticos territoriales, más atentos a la población.

La necesidad de aplicarla es tanto más perentoria al haberse conceptuado de atención prioritaria hasta 105 comarcas de nuestro país.

La ley se propone pasar de un modelo agrarista y sectorial a otro más territorial e integral, en el que cabe esta idea de comarca en su pleno sentido. Tiene la virtud de complementar las políticas sectoriales más usuales con los instrumentos de promoción de la Unión Europea.

En este caso, las ayudas no se aplicarían de forma aleatoria, sino con la guía de una política rural propia, en sentido amplio, dentro de unos criterios modernos, cuando el problema del cambio climático se muestra tan vivo. Por ello, se toma como referencia la Declaración de Gotemburgo de 2001 sobre el desarrollo sostenible.

Tradicionalmente, se ha disociado el campo de la ciudad, pero a día de hoy se ha visto que se trata de un error. El medio rural abastece de muchos intangibles como el agua al medio urbano, que promueve también el impulso económico de aquél, con independencia de los lazos sentimentales entre ambos. A comienzos del siglo XXI, los países europeos se identifican simbólicamente con paisajes naturales, representativos en teoría de sus patrias. La cooperación es necesaria para el bienestar común.

 Tal planteamiento no excluye establecer unas zonas rurales diferenciadas, y entre los objetivos de la Ley encontramos la conservación y recuperación del patrimonio, la prestación de servicios públicos de calidad como la educación y la sanidad, el acceso a la vivienda y el fomento de la participación pública. Se trata, ni más ni menos, en ajustar el Estado del Bienestar al medio rural de una parte de nuestro país tan necesitada como la España vacía.

¿Cómo definir el medio rural? La Ley establece como tal el espacio, incluso el forjado por agregación, con una población inferior a 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Se diferencia medio, zona y municipio inferior a 5.000 residentes dentro del susodicho territorio. Nuestra realidad comarcal no escapa a tal horizonte.

Entre los instrumentos de actuación, se postula legalmente un Consejo para el medio rural, prestando especial atención a los colectivos más desfavorecidos en aras de la justicia social. Al establecerse una gradación de zonas rurales a revitalizar, intermedias y periurbanas, la ordenación del territorio como medio de corrección de los desequilibrios territoriales es fundamental, atendiendo a la planificación física y económica.

La despoblación es un drama, pero podemos empezar a enfrentarla con decisión y voluntad, aprovechando al máximo los instrumentos legales e institucionales. A ello anima la próxima Jornada del 24 de noviembre, en la que esperamos a todas las personas.

                Víctor Manuel Galán Tendero.